El Tribunal Supremo cede y amnistía a Meritxell Serret

El largo y tortuoso periplo judicial derivado del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia de Catalunya sigue escribiendo sus capítulos finales, o al menos, los que apuntan hacia una desescalada en los tribunales. En un giro que hasta hace no mucho parecía encallado en la burocracia judicial, el Tribunal Supremo (TS) ha decidido aplicar finalmente la Ley de Amnistía a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Meritxell Serret (ERC). Esta decisión histórica la convierte en la primera integrante del Govern promotor del 1-O en beneficiarse directamente de la medida de gracia.

Serret, que ostentó su cargo entre enero de 2016 y octubre de 2017 en el Ejecutivo de Carles Puigdemont, arrastraba una condena que incluía un año de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos y una multa de 12.000 euros, impuesta a razón de una cuota diaria de 50 euros durante ocho meses. El delito: desobediencia grave por facilitar la logística y el desarrollo del 1-O. Sin embargo, en un auto que marca un antes y un después en la jurisprudencia del alto tribunal respecto al conflicto catalán, la sala ha decidido "declarar amnistiados los actos cometidos por los recurrentes, que dieron lugar a este procedimiento, con la consiguiente extinción de su responsabilidad penal".

La onda expansiva de esta resolución no se ha detenido en la exconsellera republicana. De forma simultánea, el Supremo ha extendido el paraguas de la amnistía a Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, todos ellos miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña en aquel otoño de 2017. Los cuatro exparlamentarios habían sido sentenciados previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a cuatro meses de inhabilitación. Su condena también respondía a un delito de desobediencia, en su caso, por haber permitido el debate y la tramitación tanto de la declaración de independencia de Catalunya como de las conocidas como 'leyes de desconexión).

Un cambio de rasante tras el aval europeo y constitucional

Para entender el movimiento del Tribunal Supremo hay que echar la vista atrás y observar el tablero jurídico de las últimas semanas. La decisión llega más de dos años después de que, el 11 de junio de 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya. Poco después de la entrada en vigor de esta norma, fue el propio Tribunal Supremo quien promovió una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, paralizando de facto su aplicación en las altas esferas a la espera de un pronunciamiento definitivo.

El escenario cambió radicalmente hace dos semanas con el insoslayable aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados del Supremo exponen ahora en su resolución que el TC no ha declarado en ningún momento la nulidad del artículo 1.1 de la Ley de Amnistía —el corazón de la norma, que define su ámbito objetivo—, sino que ha propugnado una interpretación integradora de la misma. Bajo este prisma, el TS constata que los hechos juzgados encajan perfectamente en "el ámbito objetivo de aplicación" de la amnistía, concluyendo que amnistiar a Serret "no contraviene, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional en los términos dichos, la Constitución española".

Se trata de la tercera decisión que adopta el Supremo en este mismo sentido en apenas una semana, un efecto dominó que se ha acelerado desde el fallo de Luxemburgo. En estos últimos días, el alto tribunal también ha borrado los antecedentes de ocho manifestantes condenados por los disturbios en protesta contra la sentencia del 'procés', así como los del expresident del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa de la legislatura de 2019.

Sorpresa, satisfacción y la exigencia del retorno

Las reacciones en el ámbito político no se han hecho esperar. La propia Meritxell Serret, en declaraciones a los micrófonos de SER Catalunya, confesaba este martes haber recibido la noticia de su exoneración con una mezcla de emociones. Admitió cierta "sorpresa" por los tiempos del Supremo, pero sobre todo expresó su "satisfacción" y la "esperanza de que se acabe aplicando a todos" los encausados que aún aguardan. Pese al espaldarazo de la justicia europea, la exconsellera se mostró cautelosa sobre el futuro del resto de exiliados y procesados: "Lo que hará o dejará de hacer el Supremo solo lo sabe el Supremo", ironizó.

Más allá del alivio personal, Serret subrayó el objetivo de fondo de esta etapa que ahora se abre: espera que "se pueda avanzar en la resolución del conflicto político" entre Catalunya y el Estado, instando a no permitir que la situación "se enquiste o que empeore".

Desde su partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la lectura es de victoria estratégica. A través de un comunicado, la formación se ha mostrado profundamente satisfecha por lo que consideran la culminación de una "sólida estrategia" negociadora en Madrid. Para los republicanos, tras la "contundente" sentencia del TJUE, el paso dado por el Supremo era "inevitable".

Ahora, el objetivo de ERC se centra en ensanchar este precedente. Exigen con firmeza la misma resolución para el resto de encausados, con la mirada puesta en el regreso de los líderes independentistas. La meta, señalan, no es otra que "restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa, y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Catalunya y el Estado español sin represión".