El reparto de los fondos europeos de recuperación cayó en Euskadi en 2022

Euskadi figura en el noveno puesto de la distribución por comunidades de los fondos europeos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español. La CAV ha recibido 838 millones de euros de este Plan hasta finales del pasado mes de noviembre, según los datos periódicos de ejecución difundidos por el Gobierno y que constatan un leve descenso en los volúmenes asignados respecto al año anterior. En términos porcentuales, la cifra supone un 4,13% de los 20.369 millones que el Ejecutivo ha asignado a las comunidades para desarrollar políticas públicas que promuevan la transición hacia un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad, la digitalización y la inclusión social. Además de esa cantidad, hay que añadir otros 417 millones del fondo React-EU, lo que deja en un total de 1.263 millones de euros lo percibido hasta esa fecha por Euskadi. En 2021, se asignaron a la CAV 481 millones de euros de algo más de 11.000 millones asignados, un 4,28%.

Ambas categorías componen las dos palancas del Plan de Recuperación Europeo o fondos Next Generation, acordado después de una complicadísima negociación en Bruselas en junio del año 2020. Concebido como el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, su propósito es impulsar una transformación de la economía principalmente desde los ámbitos verde y digital.

La agilidad en la concesión y reparto de estos fondos es una demanda constante por parte de las administraciones vascas y también por el tejido empresarial, donde está causando cierta desconfianza la lentitud burocrática en la licitación de las ayudas para los proyectos susceptibles de ser financiados. Los criterios de distribución de los fondos se consensúan entre Gobierno y comunidades en conferencias territoriales y sectoriales atendiendo a la idoneidad de los proyectos, pero los retrasos en el proceso decisorio están dilatando los objetivos consignados en toda la estrategia. Según el acuerdo alcanzado en la cumbre europea de 2020, a España le corresponden algo más de 140.000 millones de euros de un total de 750.000 millones. El desglose de este volumen se divide en 72.700 millones de euros en subsidios y transferencias a fondo perdido y otros 67.300 millones en préstamos.

OBJETIVOS

El Gobierno calcula que a lo largo del periodo plurianual de ejecución de los fondos europeos, que abarca desde 2021 hasta el año 2026, las comunidades gestionarán “hasta el 54% para el despliegue de inversiones en sus ámbitos de competencias”, que comprenden apartados relativos a vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación, empleo y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros.

Atendiendo a la asignación ejecutada hasta el penúltimo mes del año pasado, las comunidades que más fondos del Plan de Recuperación han recibido son Andalucía, con 2.235 millones (15,95% del total), Catalunya (2.903 millones, 14,31%), Madrid (2.190 millones, 10,8%), Comunitat Valenciana (1.940 millones, 9,57%), Canarias (1.338 millones, 6,6%), Galicia (1.206 millones, 5,95%) y Castilla-La Mancha (1.007 millones, 4,96%). Posteriormente, figura la CAV, con los citados 838 millones y el 4,13% del total.

Dentro de toda la estrategia que sostiene la necesidad de los fondos Next Generation aparecen como de capital importancia los denominados PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica). Hasta ahora se han aprobado doce proyectos estratégicos dedicados a áreas como el desarrollo del vehículo eléctrico, la salud de vanguardia, las energías renovables, hidrógeno verde, el sector agroalimentario, la nueva economía de la lengua, el modelo de economía circular, la industria naval, la aeroespacial, la digitalización del ciclo del agua, los microchips y también a la economía social y de los cuidados. Pese a que los desembolsos trasladados desde la Unión a Europea al Estado no están ligados de forma oficial a ninguna condición, Bruselas presiona para que los fondos se transfieran una vez que se ejecuten reformas estructurales, como es la que negocian actualmente los agentes sociales sobre las pensiones.