El PP se desliga de las protestas en Ferraz, evita condenarlas y cuestiona a los agentes

El mundo al revés. El PP evita mencionar la palabra condena lanzando balones fuera y, para defenderse, reprocha la actuación policial contra quienes se manifiestan ante la sede socialista de Ferraz. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, a la que solo le ha faltado quedarse en el simple lamento de los incidentes originados por las protestas ante las agrupaciones socialistas por la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo, trató ayer martes de desligarse de estas revueltas y, de paso, quiso señalar como responsable al Ministerio del Interior por ordenar a los agentes cargar “como si fueran CDR”, en alusión a los Comités de Defensa de la República vinculados al soberanismo catalán. Moncloa tuvo que salir al paso para subrayar que, con su comportamiento, el PP “deja de ser un partido de Estado”, una queja que desde Génova ven “desproporcionada”. La convocatoria de concentraciones en todas las capitales del Estado español el próximo domingo, a instancia de los populares, y su escasa empatía a la hora de juzgar los altercados promovidos principalmente desde sectores afines a la ultraderecha sitúan a Feijóo en una encrucijada de la que no acierta a salir, desvinculándose de estas manifestaciones nada espontáneas pero que tampoco censura.

En su alegato de descarga, el PP llegó a afirmar que es “posible” que personas que se concentraron frente a la sede del PSOE “lo hicieran también” ante la suya tras los atentados del 11-M pero que ellos no emplearían nunca la táctica del “¡Pásalo!”. “Nuestro apoyo a los agentes es compatible con nuestra crítica a los mandos del Ministerio del Interior socialista”, trasladaron desde el entorno popular ironizando además con la ley mordaza aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que el bloque de progreso pretende reformar. En la protesta del pasado lunes, que se saldó con tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad, agentes antidisturbios tuvieron que intervenir, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, motivo que condujo al PP a precisar que en su día el Gobierno de José María Aznar no mandó cargar en las concentraciones de 2004 ante su sede. En su comunicado, el partido de Feijóo solo dirige acusaciones a los agentes y al PSOE, pero ninguna en concreto a los manifestantes. Además, se escuda en que ha celebrado diferentes actos en Santiago de Compostela, Madrid, Toledo, Málaga y Valencia, y en que ha participado en una marcha en Barcelona, y todos “fueron pacíficos y se desarrollaron de un modo ejemplar”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tuvo que admitir que se produjeron algunas actuaciones “individuales y puntuales que son condenables” y que “no le gustan”, pero defendió el derecho de la gente a manifestarse conforme a la ley ante los “desmanes” de Sánchez; mientras que el portavoz, Borja Sémper, afeó la deriva de tensión pero cree que los socialistas están instalados “en la hipérbole” y se quejan exageradamente. “Estamos convocando a los españoles a concentraciones cívicas, ordenadas, a manifestar esa indignación de una manera serena. Quienes están promoviendo la amnistía y el borrar estos delitos se quejan amargamente, a mi juicio, de una manera desproporcionada”, soltó. Las palabras de Isabel Díaz Ayuso no deben parecerle ampulosas, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, considerara que “parece que los CDR son gente de paz y los jubilados, peligrosos terroristas”, percibiendo “respeto y normalidad” en estas protestas. “Otra cosa es si algunos ultras se cuelan en estas manifestaciones para parasitarlas”, matizó. Una ostentación en el lenguaje muy similar a la de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, quien sostuvo respecto a la labor policial que “no había ninguna necesidad de gasear a niños y ancianos”. “España ha despertado”, se jactó, al tiempo que su jefe de filas, Santiago Abascal, calienta las protestas ante las sedes del PSOE pero se desentiende de su seguridad. “Cuando el pueblo protesta legal y pacíficamente, ese aprendiz de tirano ordena a la policía emprenderla a porrazos y contra el pueblo”, dijo sobre Sánchez, pidiendo a los agentes “rebelarse contra órdenes ilegales”.

Réplica socialista

En este escenario, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, reseñó que “Feijóo tendría que estar condenando con rotundidad este ataque a un partido político, así como las consignas y los símbolos que se utilizaron en estas manifestaciones. Le pedimos al principal partido de la oposición y a quien lo dirige que acepte de una vez por todas las reglas de la democracia y el resultado de las elecciones del 23 de julio”. El PSOE respondió al PP recordándole que se está comprobando que “jamás superó” perder las elecciones tras los atentados del 11-M. “No han aprendido nada en 20 años. No vemos condenas. Ni a los ataques a las sedes, ni a los vivas a Franco, ni a los gritos contra la Constitución, el jefe del Estado y el presidente”, lamentaron desde Ferraz. A su vez, Interior avaló el trabajo de los agentes policiales. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska destacó que “el PP se confunde de Ministerio del Interior, lo confunde con el de Zoido o Fernández Díaz, en el que sí que se daban órdenes políticas a los policías”.

Las voces contra los hechos acontecidos se sucedieron desde otros grupos. El PNV condenó el “acoso, insulto y coacción” ante sedes del PSOE en tanto que “la amenaza y la intimidación no tienen la menor cabida en un concepto tan amplio como es el de la libertad de expresión. Repugna, además, que en estos escraches se coreen consignas claramente antidemocráticas en las que se hace apología del franquismo”. Por su parte, Sumar denunció que las derechas intentan con una ofensiva judicial y “ataques impresentables” una operación para impedir la investidura de un Gobierno con mayoría democrática. Su portavoz, Ernest Urtasun, aseveró que “las derechas intentan ganar con jueces afines y algaradas organizadas de los barrios ricos lo que no ganaron en las urnas”. Moncloa también precisó, por ejemplo, que la imputación del juez Manuel García Castellón contra Carles Puigdemont llega, curiosamente ahora, “después de cuatro años de instrucción”.