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El PNV ha reclamado al Gobierno español que la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028, que se incluirá en el decreto ley de vivienda auspiciado por Sumar, se limite a las personas arrendatarias que se encuentren al corriente del pago y lo hayan estado durante los doce meses anteriores a la solicitud.
En el marco de las negociaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre ese decreto ley, el PNV ha planteado esta petición y otra batería de propuestas. En concreto, han reclamado una modificación de la Ley del Suelo y una regulación de los alquileres de temporada.
En lo que respecta a la modificación de la Ley del Suelo, los jeltzales quieren que se responda a las necesidades de los ayuntamientos en proyectos urbanísticos. También se ha planteado una regulación precisa para el alquiler de temporada que permita evitar el fraude y lo diferencie del turístico, y una delimitación clara de las competencias autonómicas que evite una recentralización de las políticas de vivienda.
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha explicado en un comunicado que estas medidas responden a las reivindicaciones que ha realizado su partido durante toda la legislatura en el Congreso.
El PNV ha recordado que llegó a presentar junto al PSOE una proposición de ley de reforma de la Ley del Suelo para dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos, una reclamación de ayuntamientos de distinto color político. La propuesta se rechazó con los votos, entre otros, de PP, Sumar y Junts.
SIN INVADIR COMPETENCIAS
La formación jeltzale sostiene que es necesario corregir los errores en los planeamientos sin prescindir de todo el trabajo realizado. "Si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse, hay que corregirlo, no tirar todo el planeamiento y volver a empezar", ha defendido Vaquero, que también ha pedido que, al abordar esta modificación, el Estado no asuma competencias que son propias de las comunidades autónomas.
En cuanto al alquiler de temporada, el PNV considera que constituye uno de "los agujeros negros de la Ley de Vivienda" y que en determinados casos se utiliza para evitar la normativa aplicable a la vivienda habitual, "generando fraude de ley, inseguridad y presión sobre los precios".
Por ello, exige una regulación precisa que diferencie claramente el alquiler habitual, el temporal y el turístico. "Cambiar la etiqueta de un contrato no puede servir para eludir las reglas del alquiler de vivienda habitual", advierte.
SEGURIDAD JURÍDICA
Asimismo, el PNV quiere que el alquiler turístico sea considerado una actividad económica y, por tanto, se le aplique el IVA correspondiente al hospedaje, del 10%: "Si es una actividad económica, debe tributar como una actividad económica, ni más ni menos", apostilla.
En resumen, los jeltzales creen clave garantizar estabilidad a quien cumple regularmente con sus obligaciones y, al mismo tiempo, "dar seguridad jurídica a quien pone una vivienda en alquiler".
"Nuestra propuesta es actuar sobre esos problemas reales, cerrar los espacios de fraude y garantizar reglas claras. Menos burocracia improductiva y más coordinación; menos bloqueos y más seguridad jurídica, y pleno respeto a las competencias de Euskadi", ha planteado Vaquero.
Tras apuntar que el PNV es "consciente de la situación y de la gran preocupación social, también en Euskadi, en relación con la vivienda", ha afirmado que han hecho "un ejercicio de responsabilidad y sido proactivos con el fin de hacer, en lo posible, frente a la crisis habitacional". "Reconocemos, sin embargo, la dificultad de llegar a acuerdos en general en el Congreso de los Diputados y, en particular, sobre este tema en el que priman las posturas ideologizadas y las soluciones populistas y de trazo grueso", ha concluido la portavoz del Grupo Vasco.