El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha advertido de que el panorama político tras la caída en el Congreso de los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez dibuja un escenario que anticipa un “adelanto electoral”. Según la formación jeltzale, la política estatal ha entrado en una dinámica de confrontación en la que los partidos prefieren “ponerse en la trinchera” y lanzarse reproches en lugar de pactar soluciones efectivas. Las manifestaciones de los jeltzales se enmarcan en un escenario de fuerte efervescencia social, también, en Euskal Herria. Así se pudo comprobar el viernes por la tarde, cuando miles de personas se manifestaron en Bilbao, Gasteiz, Donostia e Iruñea bajo el lema Espekulazioaren aurka etxebizitza denontzat (Contra la especulación, viviendas para tod@s). Las marchas, impulsadas por la Red de Sindicatos de Vivienda y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, se vieron desbordadas por la indignación de miles de personas –en su mayoría jóvenes– por el desahucio de Mari Carmen (87 años) de la casa en la que había vivido 70 años y que pagaba religiosamente cada mes, antes de que un fondo buitre la quisiese poner de patitas en la calle tras subirle la renta de 500 euros a 2.650 euros.
La presión social tuvo su continuidad este sábado en Donostia y Gasteiz. Convocados por el sindicato LAB y el Sindicato de Inquilinas bajo el lema Borroka da giltza. No al negocio de la vivienda, cientos de manifestantes volvieron a salir a la calle para exigir contratos indefinidos, la expulsión de los fondos buitre y la ampliación del parque público. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, criticó duramente que el PNV votara junto a PP, Vox, UPN y Junts contra la prórroga automática de los alquileres y anunció que contactarán con otras centrales para “intensificar la lucha” sin descartar la huelga general.
En la tertulia de Radio Euskadi, el parlamentario jeltzale Jonathan Moreno lamentó la falta de acuerdo en la Cámara baja y censuró la costumbre de “apedrear a quien no piensa como tú, acusándole de zurdo o de capitalista o rentista, cuando la solución está en el centro”. Para el PNV, la caída de los textos representa una “oportunidad perdida” motivada por “la radicalización y los intereses electorales de PP, Vox y Junts”. Por un lado, dijo, el PNV votó a favor del primer decreto alegando “responsabilidad” para garantizar la protección de las familias vulnerables y de los pequeños propietarios. Ese primer texto ampliaba el escudo antidesahucios hasta 2030 y regulaba los alquileres temporales y por habitaciones. Asimismo, prohibía a los fondos buitre comprar viviendas residenciales, imponía un IVA del 10% a los pisos turísticos –como pedía el PNV–, abría una línea de préstamos al 0% de interés para jóvenes compradores y endurecía los castigos fiscales para las casas vacías.
A juicio del parlamentario nacionalista, aunque el texto no era el ideal, resultaba preferible aprobar esas medidas antes que dejar el mercado desprotegido. Por otro lado, los jeltzales justificaron su rechazo al segundo decreto señalando que la imposición de prórrogas obligatorias y el alquiler permanente provocaría el efecto contrario al deseado, contrayendo la oferta del mercado y complicando aún más que la gente pueda acceder a un arrendamiento. “El mejor acuerdo no es el acuerdo perfecto, es el acuerdo posible, pero parece que nadie está buscando arreglar el problema”, remató el representante del PNV.
Posicionamientos en la Cámara vasca
El debate entre los grupos de la Cámara vasca ha dejado al descubierto profundas brechas ideológicas. Por parte de EH Bildu, Gorka Ortiz de Guinea coincidió en que fue una “oportunidad perdida” y, aunque consideró los decretos “insuficientes”, subrayó que fijaban unos mínimos de sentido común frente a las prácticas de los fondos buitre sin perjudicar a los pequeños propietarios. Desde el PSE-EE, Ekain Rico defendió la intervención pública para controlar los precios de compra y alquiler y criticó a la derecha por situarse junto a las grandes constructoras. Asimismo, respaldó la propuesta de Pedro Sánchez de abrir un periodo de reflexión. Por su parte, la parlamentaria del PP Vasco, Laura Garrido, tildó de “despropósito” los ocho años de Gobierno de Sánchez, recordó los 272.000 desahucios registrados en ese periodo y sostuvo que las normas trasladaban la carga a los pequeños propietarios. Calificó al Ejecutivo de estar “agónico” y exigió la convocatoria inmediata de elecciones generales. Finalmente, Jon Hernández, en representación de Sumar, situó al PNV junto a PP, Vox y Junts como responsables directos del rechazo del segundo decreto y puso en valor las movilizaciones populares como el motor indispensable para obligar al Gobierno a aplicar medidas más contundentes contra la especulación.
Compás de espera
De poco sirven las cábalas políticas, porque el botón del pánico para disolver las Cortes está en manos de Pedro Sánchez, que ayer seguía inmerso en su periodo de reflexión. Un compás de espera que recuerda mucho a los cinco días sin agenda que el líder socialista se tomó en abril de 2024, tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa Begoña Gómez por la denuncia del sindicato Manos Limpias. El Gobierno central se encuentra atrapado en un complejo cálculo de tiempos estratégicos tras el varapalo parlamentario sufrido con la caída de los decretos de vivienda. La gran encrucijada para el presidente español ya no radica en descifrar qué sentido político le queda a la legislatura, sino en dilucidar si existirá otro momento más idóneo para lograr movilizar a su electorado ante el temor de que el desgaste vaya a más.
De hecho, si Sánchez optase por atender a los sectores de su partido que sugieren adelantar las urnas al 29 de noviembre, el jefe del Ejecutivo español no tiene margen y debería dar a conocer la disolución de las Cortes este mismo lunes. Esto se debe a que los plazos legales de la LOREG exigen que el decreto de convocatoria se publique en el BOE el martes, cumpliendo así con los 54 días de antelación obligatorios para acudir a las urnas.
Este escenario se produce en un contexto de máxima complejidad, con la crisis de Ceuta todavía abierta y con una fuerte división de opiniones en el bloque de la investidura. Mientras parte de las filas socialistas presionan con la fecha de noviembre, socios parlamentarios clave advierten de que a la izquierda no le basta solo con construir un relato electoral favorable, sino que necesita garantías reales de poder revalidar una mayoría parlamentaria en el futuro.