La calle presiona contra todos y contra todo

Actualizado hace 9 minutos

La paciencia se ha agotado y la fractura entre la moqueta institucional y el asfalto es un profundo foso. La calle ha vuelto a tomar la iniciativa al margen del pulso parlamentario en una demostración de fuerza que apunta en todas las direcciones: contra el Gobierno español por la insuficiencia de sus medidas antidesahucio, contra la oposición por bloquear el tímido escudo social y contra un mercado inmobiliario desbocado. Miles de personas han tomado este fin de semana las calles de medio centenar de localidades de todo el Estado para exigir soluciones urgentes a la crisis habitacional y activar la cuenta atrás hacia una huelga general por la vivienda.

Las movilizaciones, impulsadas por el Sindicato de Inquilinas con el respaldo de CCOO y UGT, se han producido en un clima de indignación tras el fiasco vivido esta semana en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría parlamentaria tumbó los últimos decretos ley del Ejecutivo estatal para contener las subidas de los precios y frenar los desalojos.

La marcha más multitudinaria volvió a escenificarse en Madrid donde unos 70.000 manifestantes —cifra que la organización eleva a medio millón— avanzaron divididos en cuatro columnas independientes que terminaron colapsando la plaza de Cibeles. El clamor social se reprodujo de forma simultánea en ciudades como Bilbao, Donostia, Sevilla, Valencia, Santander, Segovia, Las Palmas de Gran Canaria o Cádiz. Solo el intenso temporal de lluvia que azota Catalunya obligó a suspender a última hora la convocatoria en L’Hospitalet de Llobregat, aunque en Girona unas 400 personas desafiaron al agua para concentrarse.

La tensión alcanzó su punto crítico en Valencia, donde se registraron altercados y cargas policiales con gas lacrimógeno y pelotas de goma cuando un grupo de manifestantes intentó romper el cordón de seguridad para acceder al Palau de Les Arts, recinto que albergaba en ese momento un foro de inversión inmobiliaria.

El detonante de esta nueva escalada de movilización social tiene rostro y nombre propio: Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro. Su drama personal provocó una ola de respuesta ciudadana que obligó al Gobierno a aprobar a toda prisa dos decretos leyes: uno destinado a prorrogar la prohibición de desahucios e introducir bonificaciones fiscales, y un segundo texto volcado en la renovación automática de los contratos de arrendamiento. Sin embargo, el contrapeso parlamentario dinamitó el intento del Ejecutivo de salvar los muebles.