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El debate de la reforma legal sobre los requisitos lingüísticos en el acceso al empleo público ha iniciado hoy su ciclo parlamentario con la constitución en el Parlamento Vasco de la ponencia que analizará las enmiendas presentadas. Lo hará en un contexto en el que los partidos siguen anclados en sus propuestas sin que hasta la fecha haya un consenso que permita aprobar una ley.
La ponencia inicia su andadura mientras PNV y EH Bildu negocian de una manera discreta un texto de consenso que pueda ser aprobado y pueda pasar el corte de los tribunales y, por tanto, garantizar la seguridad jurídica del documento aprobado, de modo que blinde el euskera en los perfiles lingüísticos requeridos en las administraciones públicas.
Son dos las proposiciones de ley que están encima de la mesa tanto en la negociación entre los dos partidos como las que finalmente tendrán un protagonismo mayor en la ponencia parlamentaria: una del PNV y otra de EH Bildu. Ambas plantean fórmulas diferentes para reformar la Ley de Empleo Público y en el caso de la propuesta jeltzale se hace hincapié en más seguridad jurídica a los perfiles ante la incertidumbre generada por varias sentencias judiciales que han tumbado los requisitos del euskera en determinadas plazas en distintas administraciones.
Tras las resoluciones judiciales que han anulado varias OPE de acceso al empleo público por los requisitos lingüísticos exigidos en determinadas plazas, el PNV afirma que encara “esta realidad desde la responsabilidad y el compromiso con el euskera” con el fin de buscar “una solución centrada y realista, lejos del inmovilismo de unos (en referencia al PSE-EE) y el maximalismo de otros (EH Bildu)”.
Pérfil lingüístico
A fecha de hoy ninguna de las propuestas tiene respaldos parlamentarios suficientes para ser aprobada. La del PNV no cuenta en principio con el apoyo del PSE, ambos partidos socios en las principales instituciones, y los jeltzales han instado a Bildu a que al menos se abstengan para evitar un bloqueo. Para ello han presentado tres enmiendas a su propio texto.
En ellas el PNV plantea que las administraciones públicas puedan establecer plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se difiera en el tiempo. Así, con esa fórmula en todas las OPE habrá obligatoriamente un número de plazas con preceptividad diferida. De este modo, las personas podrán acceder a esos puestos sin acreditar inicialmente el perfil lingüístico, disponiendo posteriormente de un plazo para alcanzarlo.
En una segunda modificación a su propio texto inicial, el PNV prevé que cada administración deberá contar con su propio índice de obligado cumplimiento, que determinará con el máximo rigor qué plazas tienen fecha de preceptividad y cuáles no, justificándolo mediante criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta la función del puesto, los criterios lingüísticos de uso y la realidad sociolingüística del entorno.
Dominio de las dos lenguas
Por último, el PNV se compromete a que una vez que se desarrollen los nuevos contenidos de esta norma se evalúe conjuntamente en un plazo medio el impacto de la ley en las OPE y decidir entonces si hay que dar nuevos pasos.
EH Bildu ha registrado un total de seis enmiendas a las dos proposiciones de ley (cuatro a la suya y dos a la del PNV) con la intención de establecer como principio general que el dominio de las dos lenguas oficiales sea obligatorio para acceder al empleo público, e introducir el índice de progresividad, de forma que, modificando la Ley de Empleo Público, se determine en qué plazas puede aplazarse la exigencia del euskera.
La coalición plantea que todos los puestos de trabajo públicos que salgan a convocatoria tengan perfil lingüístico preceptivo y un método para calcular en cuántas plazas se puede aplazar la exigencia. Defiende que todos los puestos de trabajo del sector público vasco tendrán asignado el perfil lingüístico preceptivo correspondiente.
El PSE-EE se ha descolgado de la negociación al rechazar la propuesta del PNV y ha pedido “parar“ el debate ante el desacuerdo entre las principales formaciones y así no dinamitar los consensos que ha habido hasta ahora. Considera que se deben introducir en la Ley los Índices de Obligado Cumplimiento para que las administraciones determinen el porcentaje del número total de puestos que deberán tener perfil lingüístico preceptivo que deberá ajustarse a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Advierte el PSE que, si el objetivo es pisar el acelerador en las políticas lingüísticas, elevar los niveles al máximo y que cada institución tenga discrecionalidad total para hacer lo que quiera, ahí no van a estar.
Proporción
El PP defiende que la exigencia del euskera se concrete de una forma proporcionada en relación a otros méritos, a la realidad sociolingüística y a la demanda idiomática de los ciudadanos en las administraciones públicas. En una de sus enmiendas pide que “no más del 50 % de los puestos de cada cuerpo o escala puedan se declarados con perfil preceptivo de euskera”.
Sumar quiere evitar que los perfiles operen como barreras injustificadas en el acceso al empleo público y por ejemplo plantea que se garantice el aprendizaje del euskera en horario laboral al personal interino, el de empresas y fundaciones públicas y el de empresas privadas subcontratadas por el sector público.