El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha defendido este viernes que la Diócesis no tiene responsabilidad civil subsidiaria en el caso del sacerdote condenado por sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres. "Con respecto a la Diócesis, defendemos que no tenemos responsabilidad civil subsidiaria y, como así lo creemos, así lo hemos defendido en los tribunales", ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance de su primer año como obispo de Málaga.
Satué ha considerado "absolutamente lamentable" que un sacerdote cometa esta clase de delitos por el sufrimiento que provoca a las víctimas, pero ha rechazado que de ello se derive "una consecuencia casi automática" para la Iglesia. "Tenemos que poner a cada uno en su sitio y descubrir la responsabilidad de la persona en concreto, sea sacerdote, político o periodista, y la responsabilidad de la institución a la que pertenece", ha insistido.
Condenado a 52 años de prisión
El sacerdote, de 35 años y conocido como padre Fran, fue condenado a 52 años de cárcel y al pago de un total de 403.129 euros a las víctimas por las secuelas psicológicas sufridas y los daños morales. La sentencia establece que el Obispado de Málaga debe responder de esa cantidad como responsable civil subsidiario.
El obispo ha asegurado que la Diócesis puso inmediatamente a disposición del tribunal las cantidades establecidas en la resolución judicial y que tres de las cuatro víctimas solicitaron acceder a ellas. También ha explicado que escribió una carta a cada una de las mujeres, aunque todavía no ha recibido respuesta. Satué ha indicado que comprende que la situación vivida ha sido "tan complicada, tan fuerte y tan dolorosa" que volver a abordar el asunto puede resultarles muy difícil.
"Nuestro compromiso de ayudar a las víctimas quedó de manifiesto con la disposición inmediata de las cantidades que estableció la sentencia de la Audiencia, aunque pueda tener más recorrido en el futuro", ha subrayado.
Respecto a la creación de una oficina para recibir denuncias de abusos, ha afirmado que el proyecto se encuentra en marcha, siguiendo las disposiciones adoptadas por el Vaticano durante el pontificado de Francisco. Esta oficina no se limitará a recoger denuncias, sino que también desarrollará labores preventivas y ofrecerá acompañamiento jurídico, psicológico y espiritual.