El Gobierno vasco y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades firmarán, previsiblemente, este mes el convenio para cofinanciar la creación de 200 nuevas plazas de personal ayudante doctor en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en los próximos seis años. El objetivo de este acuerdo inédito, porque la financiación de la universidad es competencia exclusiva de Euskadi, es el recudir la temporalidad de la plantilla al 20%, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Así lo avanzó la ministra de Universidades, Diana Morant, al término del Consejo de Ministros en el que se desbloquearon los 46 primeros millones de euros dentro de la financiación de 150 millones de euros anuales para sufragar la contratación de 3.400 docentes en todo el Estado. El resto, hasta cubrir la incorporación de 5.636 docentes, lo deberán abonar las comunidades autónomas. En total, el Programa de Atracción de Talento Docente e Investigador moverá 247 millones al año.
Según la partida aprobada por el Consejo de Ministros, Euskadi recibirá cerca de 20 millones de euros hasta el curso 2029-2023. El convenio que ambos gobiernos deben firman próximamente contempla 1,8 millones de euros de setiembre a diciembre, y después 3,6 al año, para contratar la primera tanda de 121 nuevos docentes. Esta cifra se complementará con los puestos adicionales -hasta 200- que asumirá el nuevo Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación ante los cambios en la dedicación docente establecidos por la LOSU.
Según el Departamento de Educación, del que hasta ahora dependía Universidades, la UPV/EHU tiene 825 plazas actualmente de esta clase de personal docente. Se trata de profesores noveles que mayoritariamente se integran para renovar la plantilla de la universidad y que disponen de un tiempo límite para su estabilización de un máximo de seis años. Para facilitar este proceso, la legislación recoge una reducción de un tercio de su capacidad docente durante un máximo de seis años. Para compensarlo, Ministerio y Gobierno vasco se han comprometido a la dotación de esas plazas de forma que la universidad pueda realizar su labor de manera plena y este colectivo pueda ver reducida su capacidad docente para centrarse en su desarrollo profesional.
Las labores asignadas al profesorado ayudante doctor son comunes al resto del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral (actividades docentes, atención al alumnado, investigación, gestión, coordinación y transferencia del conocimiento), en este caso con una carga lectiva de 180 horas por curso académico. La duración total del contrato es máximo de 6 años, siendo necesaria una formación docente durante el primero de ellos y una evaluación prospectiva el tercero.
Esta reducción requiere la contratación adicional de más profesorado, que el Gobierno vasco estimaba en 150 nuevos contratos en mayo. Finalmente serán 200 nuevas plazas, según lo acordado en la última Conferencia de Política Universitaria por todas las comunidades autónomas excepto Baleares, cuya universidad pública tiene una tasa de temporalidad del 70%. A 9 de octubre de 2023, la UPV/EHU tenía en plantilla a 3.109 PDI con plaza (54,12%), 624 PDI transitorios (10,86%), 553 PDI interinos (9,63%) y 1.459 personas bajo la categoría de PDI de financiación ajena (25,40%).
Temporalidad del 49%
El siguiente paso será la aprobación de convenios que recojan tanto el compromiso de Madrid como el de las comunidades para financiar esas plazas durante los seis años que dura el programa. En palabras de la ministra Diana Morant, los convenios “no pueden retrasarse en su firma más allá del tiempo necesario para que las universidades puedan sacar sus ofertas y sus concursos para incorporar al profesorado ya al inicio de curso”. Según declaró, previsiblemente, se firmarán “durante el mes de julio”.
Los criterios de asignación de plazas responden de manera objetiva a la necesidad que presenta cada una de las universidades, que a su vez se deben comprometer al cumplimiento de la LOSU y, por tanto, “a poner la temporalidad de sus universidades en el umbral que establece la ley”, señaló Morant. Y es que, en un contexto en el que la temporalidad laboral en el Estado se sitúa en el 12,8%, en el ámbito universitario se eleva al 49%.
Esta precariedad tiene su origen en las políticas de recortes y de austeridad que se aplicaron en la salida de la anterior crisis. En aquel momento los sucesivos Gobiernos del Partido Popular aplicaron tasas de reposición prácticamente de cero, que obligaban a que las universidades a que cuando había jubilaciones no se sustituyeran. De esta manera, se amortizaron miles de plazas. Esto obligó a muchos jóvenes bien preparados, que estaban dispuestos a incorporarse a la universidad a, o bien salir fuera del Estado en busca de oportunidades, o bien a ese tapón generacional que se produjo en las universidades.
Falso asociado
Las universidades, sin tener otro mecanismo adecuado para poder contratar a los profesores, empezaron a tirar de lo que se denomina falso asociado. La figura del asociado, es ese profesor que viene del mundo de la empresa, que aporta su conocimiento dentro del mundo universitario, pero que no es eminentemente un trabajador de la universidad. Si se contrata a tiempo completo a un asociado se está falseando esta figura y, desde luego, precarizando. De media, el salario de un profesor asociado es de unos 600-750 euros. Ahora mismo, hay miles de profesores contratados falsamente como asociados en la universidad estatal.
Según los criterios definidos en el acuerdo aprobado entre Ministerio y comunidades, Andalucía necesita 774 plazas de profesor ayudante doctor; Aragón 156; Asturias 57; Baleares 46; Canarias 188; Cantabria 48; Castilla y León 445; Castilla-La Mancha 159; Catalunya 1.168; Comunidad Valenciana 707; Extremadura 89; Galicia 166; Madrid 1.091; Murcia 192; Nafarroa 76; Euskadi 200; La Rioja 9; y la UNED 65.
De ellas, el Ministerio financiará en Andalucía 468 plazas (6.525.814 euros de septiembre a diciembre de 2024); Aragón 94 (1.175.035 euros); Asturias 34 (398.421 euros); Baleares 28 (327.652 euros); Canarias 113 (1.683.089 euros); Cantabria 29 (326.401 euros); Castilla y León 269 (3.429.558 euros); Castilla-La Mancha 96 (1.309.003 euros); Cataluña 705 (10.797.461 euros); Comunidad Valenciana 426 (5.522.310 euros); Extremadura 54 (621.186 euros); Galicia 101 (1.311.031 euros); Madrid 656 (8.761.094 euros); Murcia 116 (1.617.510 euros); Nafarroa 46 (576.358 euros); Catalunya 121 (1.863.630 euros); y La Rioja 5 (54.173 euros). A la UNED, le corresponden también 39 plazas (470.061 euros).
Un acuerdo con luces y sombras
La Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) ha celebrado que Gobierno y comunidades hayan alcanzado un acuerdo para financiar la reestructuración de las plantillas. La presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha valorado la ratificación de la puesta en marcha del Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador y ha aplaudido que se hayan impuesto “el diálogo y la responsabilidad institucional”. Alcón ha recalcado la importancia de disponer de los recursos necesarios para “planificar el relevo generacional y la estabilización del profesorado» que fija la ley y ha destacado que es una muestra del trabajo conjunto entre universidades, Gobierno y comunidades autónomas”. Pero no es oro todo lo que reluce, al menos desde el punto de vista de la Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI-Precarias).
La FJI-Precarias reconoce que la medida “supone un avance” aunque, a su juicio, “es una huída hacia delante” que realmente no conseguirá acabar con la temporalidad en las universidades. Denuncian que la ministra haya anunciado el programa como “el mayor plan de estabilización y retención de talento” pero que esta afirmación dista bastante de la realidad debido a que la figura que se financia, la de ayudante doctor, “es un contrato temporal”. En este sentido consideran que el anuncio debería ser más transparente para no llevar a equívoco. “Tal y como está se aporta una visión distorsionada de la realidad de los profesores e investigadores jóvenes y de la situación de la universidad española. Dicho lo anterior se debe reconocer que la medida supone un avance”, apuntan. En este sentido, recuerdan que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) reconoce que la estabilización del profesorado universitario no se produce hasta bien sobrepasados los cuarenta años. Según la LOSU, este contrato debe conducir al profesorado a alcanzar los méritos requeridos para obtener la acreditación necesaria para concursar a una plaza de profesorado permanente una vez finalizado el contrato.
En otras palabras, que no solo el contrato no es estable, sino que para conseguir un contrato permanente es necesario obtener la acreditación necesaria (a Contratado Doctor o a la nueva figura de Profesor Permanente Laboral) y, posteriormente, la correspondiente plaza. Es decir, “el profesorado ayudante doctor no tiene asegurada una plaza permanente, ni tan siquiera la tiene asegurada en muchas universidades tras ser evaluado positivamente por la ANECA u otra agencia para este tipo de plazas”. Ante esta realidad, denuncian que “una persona puede verse desempleada y con mínimas oportunidades de inserción laboral por la especificidad de la carrera tras mínimo 10 años de experiencia en la academia y rozando la cuarentena”.
Financiación adecuada Además, desde FJI-Precarias muestran su preocupación porque “el Gobierno no financiará estas plazas eternamente, sino que se compromete a pagar el 81% durante 6 años, y serán las universidades las que tendrán que hacerse cargo de los gastos después”. El hecho de no asegurar la oferta de un número similar de plazas de profesor titular que garanticen la estabilización “sólo es una huida hacia adelante, si bien es cierto que podría aliviar ahora la situación, el problema ligado a la falta de contratos permanentes sólo se estaría posponiendo”.
Por todo ello, la Federación de Jóvenes Investigadoras pide que se articulen mecanismos que permitan que las personas dedicadas a la academia se estabilicen (Profesor Permanente Laboral o Titular de Universidad) tras la obtención de la acreditación correspondiente. Para esto, dicen, “es necesaria una financiación adecuada del sistema universitario”.
En otro caso, “tendremos 3.400 personas sumidas en la incertidumbre durante seis años y con salarios mínimos”. Si estas premisas no se cumplen, aseguran, “seguiremos gastando dinero en formar a la gente a través de ayudas a guarderías, colegios, institutos, grados universitarios, másteres, doctorados y posdoctorados, pues no podemos hablar de “inversión” cuando la gente se ve forzada a emigrar para hacer ciencia en otros países”. Son, dicen, “esos países los que reciben los frutos de toda la inversión que tanto cuesta a los bolsillos de los contribuyentes. Esta es una llamada a dejar de ser cortoplacistas y apostar por un crecimiento sostenido a través de la ciencia”.
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