El juez que investiga el caso Leire ha rechazado limitar el análisis de cuentas bancarias a aquellas desde las que se efectuaron pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, como había pedido el exvipresidente de Andalucía Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, todos investigados.
Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha descartado limitar las cuentas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deberá analizar para determinar si el PSOE pagó a la exmilitante Leire Díez a través de los abogados investigados y de Zarrías para sufragar presuntas maniobras para boicotear causas judiciales.
Cuentas bancarias
El exvicepresidente andaluz ha impugnado la decisión adoptada por Pedraz mediante un recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide a la Sala de lo Penal que el análisis de los movimientos bancarios se limite a la cuenta desde la que abonó 16.000 euros a la exmilitante socialista en 2024.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, Pedraz ha rechazado tres recursos contra el requerimiento para rastrear hasta 81 cuentas bancarias pertenecientes al PSOE, Zarrías y su sociedad Zaño Consultores, el abogado Ismael Oliver o el letrado Jacobo Teijelo.
Explica Pedraz que la UCO pidió analizar más cuentas porque no podía descartarse que "los importes hubieran sido transferidos entre distintas cuentas titularidad de una misma persona física o jurídica".
Según el juez, la presunta organización operaba desde 2021 y después amplió su radio de "ilícita actuación" más allá de la contratación pública hacia delitos relacionados con la corrupción y contra la administración de Justicia o las instituciones del Estado "para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos".
La actividad se habría financiado, según la investigación, con recursos del PSOE que el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, habría puesto a disposición de la organización mediante un "imbricado sistema de soporte económico", que habría empleado "sociedades interpuestas con la presunta colaboración de abogados", con el ocultamiento de pagos a Leire Díez.
Por eso, el juez considera necesario e "indispensable" rastrear las cuentas para determinar los responsables y financiadores de la actividad de la exmilitante.
Además, recuerda que se ha formado una pieza separada económica para impedir que los datos se vuelquen en bruto en la causa y solo estén a disposición de las partes tras su análisis y expurgo.
Gaspar Zarrías recurre en apelación
La decisión de Pedraz ha sido recurrida por Zarrías, que considera que el rastreo de todos sus cuentas es una "diligencia prospectiva, absurda y sin fundamento" y pide de nuevo que solo se analice la cuenta desde la que se efectuaron pagos a Díez.
Según su defensa, Zarrías solo está implicado por haber empleado a Díez en 2024 y "no hay ningún otro hecho que se le reproche". Esta parte sostiene que la UCO pretender que la instrucción cristalice "en otras investigaciones de aventura".
De acuerdo a esta parte, Zarrías contrató a Leire Díez porque ésta le dijo que estaba en ciernes de probar que el caso ERE había sido un montaje policial y quería demostrar su inocencia tras una condena que "había roto su vida". Sin embargo, solo recibió un 'pendrive' que decepcionó "notablemente" sus expectativas y terminó rescindiendo el contrato en septiembre de 2024.
"Y ahí terminó todo", indica la defensa de Zarrías, que recalca que la contratación de la exmilitante "ni tenía ni podía tener nada que ver con el eventual entorpecimiento de ningún proceso en marcha, porque la investigación los ERE llevaba años cerrada y concluida".