El Gobierno veta en el Congreso enmiendas de PP y Junts aprobadas por el Senado a leyes de discapacidad y dependencia

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El Gobierno ha vetado en el Congreso hasta ocho enmiendas que el PP y Junts introdujeron en el Senado a las leyes de discapacidad y dependencia y que iban a votarse este jueves en el Pleno de la Cámara Baja con altas posibilidades de ser refrendadas.

Conforme al artículo 134.6 de la Constitución, el Ejecutivo central puede frenar proposiciones de ley o enmiendas que supongan un aumento de crédito o una disminución de los ingresos presupuestarios. En ese caso, Moncloa alega que estas enmiendas suponen un aumento de los gastos previstos en los Presupuestos.

Los vetos han sido presentados en mano por el Gobierno ante la Mesa del Congreso, por lo que no ha habido informe previo de los letrados. El órgano de gobierno de la Cámara, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, los ha dado por válidos y, por tanto, esas enmiendas ya no se votarán este miércoles.

Las enmiendas se refieren al texto refundido de las leyes de Discapacidad y de Dependencia que se aprobó para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad y adaptarse a la reciente reforma constitucional del artículo 49 de la Constitución que eliminó el término "disminuido" .

Una norma que el Pleno del Senado aprobó la semana pasada con el apoyo de PP, PSOE y Junts y la abstención de Vox, PNV, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, y que envió al Congreso para su aprobación definitiva.

"DE OPORTUNISTAS, NADA"

En declaraciones a los periodistas a la salida de la Junta de Portavoces, la diputada de Junts Pilar Calvo ha censurado que el Ejecutivo haya vetado enmiendas que venían a "facilitar la vida" de las personas que reciben una prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Calvo ha criticado que no sólo que el Gobierno justifique el veto en que son enmiendas que afectan a los Presupuestos cuando su aplicación está "diferida", sino que les haya tachado de "oportunistas" por haber aprobado en la Cámara Alta enmiendas tras haber llegado a un acuerdo con asociaciones y colectivos de este sector cuando el Gobierno está negociando con éstos un decreto ley.

"De oportunistas, nada. Estas familias no pueden esperar más. Lo que hemos hecho es pensar en el bienestar, en el bien de las familias más vulnerables, mientras que el Gobierno piensa sólo en el dinero que puede captar a costa de estas personas", ha dicho la diputada de Junts.

En concreto, el Gobierno ha vetado ocho enmiendas de la oposición, algunas promovidas por el PP, otras por grupo parlamentario que, CC y el BNG conforman en el Senado y otras tantas transaccionadas por ambos grupos.

SIN PRESUPUESTOS DESDE 2023

En el escrito del Gobierno, al que tuvo acceso Europa Press, el Moncloa justifica estos vetos en que las enmiendas introducidas al proyecto de ley de dependencia y discapacidad supone "un incremento de los créditos o una disminución de los ingresos de los Presupuestos Generales". El Gobierno lleva con las Presupuestos prorrogados desde 2023.

Así, el Gobierno van poniendo cifras del gasto o de la pérdida que supondría la aplicación de cada una de las ocho enmiendas, una de las cuales supondría, según los cálculos del Ejecutivo, un incremento de más de 5.600 millones de euros.

Se trata de una enmienda en la que el PP pedía, entre otras cosas, actualizar anualmente las aportaciones de la Administración General del Estado en concepto del nivel mínimo de protección garantizado para los beneficiarios del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Otras de las enmiendas vetadas, en este caso del grupo que integra Junts, reclamaba un IVA reducido a los productos para la autonomía personal, la vida independiente, la accesibilidad universal, la comunicación, la movilidad, la orientación, el acceso a la información y la participación destinados a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Sin embargo, el Gobierno la echa para atrás alegando que esta propuesta tendría un impacto presupuestario de 144 millones de euros.