El Gobierno vasco saca adelante la ley de Escalas para reducir la interinidad

Reducir en la medida de lo posible la temporalidad e interinidad en la Administración es uno de los objetivos del Ejecutivo vasco en esta legislatura, como ya han trasladado en numerosas ocasiones desde el Departamento de Autogobierno y Gobernanza Pública que lidera Olatz Garamendi. En ese camino, la CAV ha dado un nuevo paso con el visto bueno de la Cámara de Gasteiz a una nueva norma que debería servir para consolidar el empleo público en las instituciones.

De esta forma, el Parlamento ha refrendado hoy la Ley autonómica de Cuerpos y Escalas de la Administración, un proyecto que tiene como objetivo acotar las elevadas tasas de temporalidad que se dan en el empleo público y "racionalizar" así el sector. La norma aprobada ha sufrido cambios en su articulado para evitar recursos al Tribunal Constitucional en lo que a las OPE se refiere, tal y como ya ocurrió con la Ley de Policía.

El texto final ha salido adelante en el pleno con la mayoría absoluta que suman los parlamentarios del PNV y del PSE, mientras que los cuatro grupos de la oposición se han posicionado en contra alegando que la norma nace "fallida" y no logrará su propósito de disminuir la interinidad y los contratos temporales en la Administración.

La norma que finalmente ha visto la luz en la Cámara ha sufrido una modificación de calado respecto al primer texto aprobado en diciembre del pasado año en el Consejo de Gobierno. Y es que la redacción inicial incluía una segunda disposición adicional que establecía que cuando la tasa de interinidad en determinados departamentos u oficinas fuera superior al 40%, las instituciones de la CAV podrían convocar un turno diferenciado en las OPE para los interinos con un mínimo de ocho años en la misma plaza.

Sin embargo, este punto de la norma ha sido finalmente reescrito para evitar problemas a futuro con la Justicia española, dado que la redacción inicial de la disposición era similar a un apartado de la Ley autonómica de Policía que fue anulado por el Tribunal Constitucional al considerar que esta fórmula "diferenciada" de acceso al empleo público es contraria a la Carta Magna.

Este punto del articulado ha sido modificado tras un acuerdo del PNV y del PSE con PP+C's, al aceptarse una enmienda de estos últimos que tenía como objetivo adaptarse a lo establecido por el Constitucional en su dictamen de la Ley de Policía. En cualquier caso, esto no ha supuesto que la coalición de derechas se una en la votación a socialistas y morados –finalmente los de Carlos Iturgaiz se han posicionado en contra–.

La ley sí conservará en cambio su primera disposición adicional, mediante la que se podrá convocar "con carácter excepcional" diversos procesos selectivos "para la consolidación del empleo temporal de naturaleza estructural".

En su intervención al inicio del debate en la Cámara autonómica, la titular de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha defendido que con el nuevo proyecto de ley se pretende "facilitar y mejorar" los procesos de selección de personal por parte de las administraciones, así como "resolver la complejidad" jurídica en el acceso al empleo público. Asimismo, la consejera ha explicado que la norma es "absolutamente necesaria" para dotar de seguridad la estructuración del trabajo en las instituciones y para desarrollar las futuras OPE.

Garamendi destaca también que, pese a los cambios que ha sufrido la redacción original de la ley "por razones de seguridad jurídica", esta supondrá un "salto cualitativo" para consolidar el empleo público, reconociendo "la experiencia" de los interinos que llevan años en los mismos puestos de la Administración.

La oposición la ve estéril

Por su parte, la oposición en bloque se ha manifestado en contra del nuevo proyecto de ley, que consideran estéril para acabar con la temporalidad pública. En esa línea, la representante de EH Bildu Pazis García ha denunciado en el debate parlamentario que en Euskadi hay "muchas" personas que trabajan en régimen de interinidad para las administraciones "en situación de abuso o fraude", ya que realizan trabajos "estructurales y permanentes" como si fueran indefinidos.