El Gobierno vasco denuncia una erosión competencial generalizada en trece áreas

Si la erosión del autogobierno vasco por parte del Estado pudiera medirse al peso, las casi 700 páginas que componen los informes del Gobierno de Iñigo Urkullu dan una medida de la dimensión de este problema. Bajo un título muy evocador, La erosión silenciosa, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, presentará mañana viernes estos informes, que acreditan una erosión competencial generalizada, es decir, que el Estado ha limitado la capacidad de actuación de las instituciones vascas. En concreto, los informes afectan a trece áreas. Son, además, cuestiones cotidianas y de gestión del día a día: asistencia y servicios sociales, sanidad, enseñanza no universitaria, vivienda, régimen local, medio ambiente, función pública, empleo, ordenación del territorio, agricultura, comercio interior, acción exterior y derecho foral privado.

En el estudio han participado varios letrados (una de las autoras es letrada de los servicios del Parlamento Vasco). Se detecta una brecha entre el contenido del autogobierno que recoge el Estatuto de Gernika y que, por tanto, está reconocido por ley; y el ejercicio real de las competencias en el día a día, que se ve condicionado por la aprobación por parte del Estado de legislación básica que incide en materias ya transferidas a Euskadi, o también por las ocasiones en que el Tribunal Constitucional ha realizado lecturas extensivas sobre el alcance de las atribuciones del Estado.

El contenido de los informes lo detallarán en una rueda de prensa en Bilbao la propia consejera y la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, la encargada de coordinar esta iniciativa. La existencia de este estudio ya fue adelantada por DEIA, y tiene ahora un punto de actualidad porque el Gobierno vasco mantiene vivo un nuevo conflicto competencial con el Ejecutivo español en los tribunales. En concreto, acaba de formalizar ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencia contra un decreto estatal.

Como publicó este periódico, el conflicto lo ha provocado el decreto 203/2021 que desarrolla el reglamento de funcionamiento del sector público por medios electrónicos, porque obliga a las comunidades a pedir permiso para implantar sistemas de clave electrónica para los usuarios de sus servicios digitales. Deben someterse a un control previo y pedir autorización a los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital e Interior sin que el Estado haya explicado qué brecha de seguridad ve o cuál es el peligro. Por lo tanto, los gobiernos vasco y español no han conseguido erradicar los conflictos de competencia aunque el presidente Sánchez accedió a La Moncloa con el propósito declarado de rebajar el nivel de conflictividad y apostar por el autogobierno.

La situación no ha llegado a torcerse tanto como sucedió con el expresidente popular Mariano Rajoy, con quien las invasiones de competencias fueron el pan de cada día con el argumento de que la crisis económica y la austeridad obligaban a tomar ese tipo de decisiones, desde la sanidad hasta las políticas de empleo. Con Sánchez se alcanzó un acuerdo para retirar el recurso contra las leyes vascas que buscan reparar los abusos policiales y que regulan los centros comerciales, pero no hubo acuerdo en un ámbito nuclear que precisamente afecta a la consejería de Garamendi: el Estado mantuvo su recurso contra la modificación de la Ley vasca de Policía, y los jueces tumbaron el mecanismo para estabilizar a los interinos con una prueba diferenciada, de tipo práctico, en los sectores con un 40% de interinidad y para los trabajadores con ocho años de experiencia. Ese mismo mecanismo estaba recogido en la Ley vasca de Cuerpos y Escalas. La interinidad es un problema endémico en las administraciones, y Garamendi había puesto toda la carne en el asador para buscar una solución, que ahora intentará por otras vías como premiar la experiencia en las ofertas de empleo e impulsar varias convocatorias.

informes

El estudio se enmarca en el compromiso recogido en el programa de gobierno de la XI legislatura, en el epígrafe Más y mejor autogobierno. Se trasladará a otras instituciones, como el Parlamento Vasco. Fuentes de la consejería aseguran que se irá actualizando a medida que surjan novedades. Cuenta con varios prólogos, uno de la propia consejera Garamendi; otro del viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre; y también del catedrático de Derecho de la Universidad de Deusto Santiago Larrazabal. La directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, por su parte, ha redactado la introducción y coordinado los trabajos. Lo ha editado el IVAP y cuenta con una versión en castellano (La erosión silenciosa) y otra en euskera (Higadura isila).

La presentación de estos informes se plantea como una defensa del autogobierno reconocido y que se recoge en el Estatuto de Gernika. La consejera Garamendi llega a la conclusión de que estos informes ponen de manifiesto que es necesario activar vías de cooperación y una relación bilateral con el Estado con garantías de que se cumpla lo pactado, además de poner en marcha un diálogo fluido que evite la conflictividad judicial.

Garamendi acaba de formalizar un conflicto ante el Constitucional a cuenta de la administración digital, una muestra de que no hará la vista gorda con las erosiones competenciales. Hace compatible esta posición con mantener la puerta abierta al diálogo con el Gobierno español. En ese sentido, está cuadrando agendas con la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para mantener su primera reunión tras la remodelación del Ejecutivo de Sánchez. Más allá de cuadrar agendas y verse las caras, Garamendi pretende mantener una posición de "exigencia" en este encuentro y cree que ha llegado el momento de ser resolutivos y alumbrar avances. Según fuentes de su departamento, será exigente con los plazos y pedirá propuestas por escrito de las competencias que quedan.

DENUNCIA DEL PNV

Digital

en el senado. El PNV denunció ayer miércoles en el Senado por boca de Luke Uribe-Etxebarria que el Gobierno español erosione el autogobierno digital. Durante la comparecencia en comisión de la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, el PNV pidió que "respete el autogobierno digital vasco". "¿Por qué llaman cogobernanza, coordinación o colaboración a lo que no es ni cogobernanza, ni coordinación, ni colaboración, sino la imposición de un modelo centralista que no respeta, en nuestro caso, el autogobierno digital vasco?", preguntó, en alusión a los "cientos de miles de ciudadanos vascos que disponen de la firma electrónica" de Izenpe y que "el Gobierno central impide que la puedan usar en su relación con el resto de administraciones europeas". También citó el conflicto en el TC.

Trece áreas

el informe. El informe de mañana incide en trece áreas que abarcan, entre otras, la sanidad, la enseñanza no universitaria y servicios sociales.