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El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado este martes que su departamento trabaja en una reforma legislativa "para articular una gran inmobiliaria pública que gestione las segundas y posteriores transmisiones de vivienda protegida".
El anuncio lo ha realizado durante una entrevista en el programa La Ventana de Cadena SER Euskadi, en el que ha señalado que Vivienda mediará en las compraventas de 1.000 VPO anuales escogiendo al comprador para erradicar el fraude de los sobreprecios.
Transmisiones de VPO
"Con esta medida, el Gobierno Vasco pretende combatir el fraude basado en condicionar la venta al pago de sobre precios a cambio de muebles, asumir la gestión de las adjudicaciones y canalizarlas a través del registro de demandantes de vivienda de Etxebide", ha explicado el Departamento de Vivienda en una nota.
Itxaso ha recordado que las VPO de Benta Berri y del resto de zonas tensionadas que estén próximas a perder la calificación "mantendrán su protección mientras siga vigente el tensionamiento".
El Gobierno Vasco calcula que, a partir de 2027, unas 900 viviendas quedarían amparadas por esta medida.
Ha señalado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es "reforzar el control público sobre las segundas y posteriores transmisiones de VPO en venta, particularmente en aquellas viviendas sometidas a protección permanente y en aquellas promociones previas a 2003 que continúan bajo régimen temporal".
"Lo que queremos hacer es que sea el Gobierno el que decida quién va a comprar esas viviendas", ha afirmado el consejero, que ha advertido "de la extensión de prácticas irregulares consistentes en exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario".
"Hemos detectado un problema que se está casi institucionalizando, que es la compraventa de viviendas protegidas a cambio de un sobreprecio que suele adjudicarse a los muebles", ha añadido.
Según ha detallado, el sistema tomará como referencia a las personas inscritas en Etxebide que hayan manifestado interés por la modalidad de compra -en torno a 24.000 unidades convivenciales (20 % del total)- y valorará factores como la adecuación de la vivienda al tamaño de la unidad convivencial, la antigüedad en el registro o las necesidades específicas de la familia.
"Vamos a hacer una evaluación de cuánto se adapta la necesidad del comprador al tamaño de la vivienda, cuántos años lleva esperando en Etxebide y otros elementos que nos permitan escoger al candidato más adecuado", ha explicado. El consejero ha señalado que el objetivo es que el vendedor disponga de un comprador en un plazo reducido y sin incertidumbre. "En el plazo máximo de tres o cuatro meses el vendedor tendrá a un comprador que le dirá el Gobierno", ha destacado.