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En febrero, cuando Mikel Mancisidor concedió su primera entrevista como Ararteko en la radio pública vasca, se mostró muy prudente al abordar la decisión del departamento de Seguridad de publicar el origen geográfico de las personas detenidas e investigadas. El defensor del pueblo evitó una respuesta maniquea, un sí o un no, dejó ver que era una cuestión compleja y que, en todo caso, sí debería ajustarse a las mejores prácticas. Mancisidor acababa de tomar posesión del cargo, y tanto él como su equipo tenían que aterrizar aún sobre esta cuestión y analizar al detalle un procedimiento de oficio que había incoado la anterior dirección del Ararteko, ante la decisión del consejero Zupiria de revelar esa información. Y ya ha fijado una postura a través de una resolución firmada el 13 de julio, que se ha conocido este viernes, y que, en todo caso, es una recomendación. En ella, en sintonía con la complejidad que había reconocido a este asunto, el Ararteko evita rechazar de plano la publicación del origen de los detenidos, pero sí sugiere que este dato se ofrezca solo en ciertos casos, siempre y cuando sea esencial para contextualizar un suceso de relevancia pública o para luchar contra los estereotipos y los bulos, y tras ponderar caso por caso los intereses y derechos afectados. Al mismo tiempo, reconoce como "positivo" que el departamento se haya comprometido a ofrecer este dato de forma limitada y contextualizada, que Zupiria aclare que sus notas de prensa se refieren a casos de especial gravedad como los homicidios o tráfico de drogas, y que se haya comprometido a evaluar permanentemente su impacto comunicativo y a proporcionar toda la contextualización necesaria. Pero el Ararteko eleva la mirada y constata que este asunto solo se puede gestionar de manera adecuada con la "cooperación" de todos, también los medios de comunicación y los partidos. Fuentes del departamento de Seguridad consultadas por Grupo Noticias no quisieron hacer valoraciones.
En su resolución, el Ararteko repasa la posición histórica de la institución, que siempre ha apostado por "evitar" las referencias a la nacionalidad que no sean "estrictamente necesarias", ya que podrían contribuir a reforzar los estereotipos y vincular a los migrantes con la delincuencia. El departamento de Seguridad había tomado la decisión de publicar de manera trimestral las tablas estadísticas de la Ertzaintza indicando el origen, y las notas de prensa pasaron a incluir también datos sobre el género, la edad y la procedencia geográfica de los detenidos y las víctimas. El equipo de Zupiria lo justificó en que algunos partidos políticos solicitan constantemente esta información, y el departamento no se la puede negar al Parlamento, de tal modo que, al final, esa información que Zupiria no facilitaba a los periodistas terminaba de todos modos en sus manos, pero lo hacía a través de un intermediario, los partidos, con la intencionalidad y el sesgo que eso supone. Por ello, según la posición del departamento que recoge el informe del Ararteko, Zupiria decidió que era preferible actuar con "transparencia y garantizar el derecho a la libre información" con una fuente "oficial y fiable", porque mantener el vacío informativo solo favorecía la instrumentalización interesada por parte de "discursos extremistas".
El departamento añadía, según esta resolución, que la sociedad vasca ha cambiado, y que se trataba de evitar el racismo. Además, el Ararteko ha podido estudiar un informe interno del departamento que realiza un análisis comparativo con otros lugares que ofrecen esta información de manera amplia o condicionada, como Inglaterra, Gales, Dinamarca y Alemania. Sobre los datos de origen en las notas de prensa, según el Ararteko, el departamento ha matizado que "selecciona aquellos hechos que, por su relevancia o interés público, merecen difusión", como homicidios, robos con violencia, tráfico de drogas, tráfico de personas, accidentes de tráfico con fallecidos, búsqueda de desaparecidos y rescates.
Conclusiones del Ararteko
A partir de ahí, el Ararteko alcanza sus propias conclusiones. Por un lado, constata que el defensor del pueblo no puede actuar sobre los medios de comunicación o los partidos, aunque sí recuerda que en el pasado se ha sugerido la creación de un Consejo Audiovisual o la promoción de acuerdos de autorregulación en los medios de comunicación y las redes sociales. "El asunto del que aquí se trata solo se puede gestionar adecuadamente desde una cooperación corresponsable de todos los agentes de la comunidad informativa y la comunidad política, pero el Ararteko valora como positivo que el departamento de Seguridad, como fuente de información que es, se comprometa a hacer un uso responsable de esos datos de origen cuando los difunde a través de una nota de prensa". Valora que el departamento se comprometa a ofrecer información contextualizada, y el defensor del pueblo avisa de que, "ciertamente, el dato de origen sin contexto adecuado puede generar análisis y lecturas muy simples".
"Cabe concluir que no existe una proscripción absoluta a la posibilidad de publicar el dato de origen de las personas detenidas, investigadas y víctimas, y que el departamento está facultado para tomar esa decisión, pero el Ararteko considera que debe fundamentarse convenientemente, en cada caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes", sostiene. Cree que ofrecer este dato no es necesariamente siempre un bien superior a la obligación del departamento de "evitar prejuicios y estigmas". Por ello, en una recomendación de dos puntos, zanja: "que la decisión de la publicación del dato (...) exige, en cada caso, una ponderación de los intereses y derechos afectados; esa decisión, consecuentemente, debería limitarse a aquellos supuestos en que el conocimiento del origen de los detenidos, investigados y víctimas de los delitos sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información de una sociedad democrática".