El Parlamento vasco ha solicitado que, en el marco del nuevo ‘Plan Operativo para reducir la Brecha Salarial’, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo ponga en marcha una nueva línea subvencional para “convertir los contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo, en aquellos casos donde la parcialidad de los mismos no sea deseada”.
PNV, EH Bildu y PSE han acordado una enmienda transaccional a una propuesta original de la coalición abertzale, que ha contado también con el beneplácito del grupo mixto Sumar y la abstención del Partido Popular en el pleno ordinario de la Cámara vasca.
El Parlamento vasco ha instado también al Gobierno vasco a que continúe con los planes de choque contra la contratación fraudulenta y, junto con el Organismo Autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluya la “vigilancia y control de aquellas empresas que tengan un porcentaje superior al 50% de su contratación a tiempo parcial”.
Asimismo, el texto aprobado demanda que el Ejecutivo autonómico “continúe promoviendo la contratación a tiempo completo” en todos sus programas de fomento del empleo, así como en el programa de estímulos al empleo, cuyo decreto aprobado por el Consejo de Gobierno entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Por último, la enmienda acordada insta al Gobierno vasco a que, en el plazo de dos años, presente al Parlamento “una evaluación de esta línea subvencional”, con el objetivo de adecuar las medidas en función de los resultados.
BRECHA DE GÉNERO
La parlamentaria de EH Bildu, Edurne Benito del Valle, ha agradecido el consenso alcanzado para “seguir trabajando, medir el impacto, evaluarlo y dar pasos” hacia “un mercado laboral más justo y más igualitario”.
Del Valle ha subrayado que casi el 36% de las mujeres menores de 30 años trabaja a tiempo parcial, frente al 18% de los hombres jóvenes, lo que evidencia “una diferencia basada en el género”. “La jornada parcial está estrechamente ligada a la precariedad juvenil y alimenta tanto la brecha de género como la brecha intergeneracional”, ha señalado.
La parlamentaria del PNV, Maitane Ipiñazar, ha indicado que la brecha salarial en Euskadi ronda el 13%, aunque ha bajado cuatro puntos en los dos últimos años, y ha advertido de que “la parcialidad de la jornada incide directamente en la brecha salarial”. Ha precisado que las mujeres trabajan 152 horas menos al año que los hombres, “no siempre de forma voluntaria”, lo que provoca que la diferencia salarial alcance el 72%. Además, ha recordado que el 26,5% de las mujeres tiene un contrato parcial, frente al 8% de los hombres, y que en la mitad de los casos no es por voluntad propia.
Desde el PSE, Patricia Campelo ha puesto en valor el acuerdo, al considerar que “reducir la parcialidad no deseada, perseguir el fraude y orientar los incentivos públicos” permite atacar “una de las raíces más profundas de la brecha salarial en Euskadi”. Asimismo, ha denunciado que detrás de muchos contratos parciales femeninos hay desigualdades estructurales en los cuidados y el trabajo doméstico.
El parlamentario de Sumar, Jon Fernández, se ha mostrado “absolutamente a favor” de una iniciativa “positiva”, basada en programas subvencionables y planes de choque contra la contratación fraudulenta, y ha criticado la postura del PP, al que ha acusado de “bailar el agua a la patronal”.
LANBIDE “NO FUNCIONA”
Por el contrario, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha propuesto realizar una auditoría externa de los programas subvencionales de empleo para “evaluar su utilidad y mejorar su eficacia”, al considerar que los actuales “no son eficaces”. En este sentido, ha reprochado que “Lanbide no funciona”, ya que 1.226 personas complementan sus ingresos con la RGI desde hace más de diez años debido a empleos precarios, y ha añadido que 72 de cada 100 contratos que se firman en Euskadi son temporales, 16 puntos por encima de la media nacional.