El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Sanidad información sobre el acceso y la financiación pública de los únicos tratamientos autorizados en Europa capaces de ralentizar la progresión del Alzheimer en sus fases iniciales, según ha informado la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA).
Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en respuesta a la queja que CEAFA interpuso el pasado septiembre, en la que advertía de la situación de inequidad que generaba en España la negativa de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) a financiar los fármacos Lecanemab y Donanemab.
La institución, además de precisar que se ha dirigido al Ministerio de Sanidad sobre esta cuestión, ha apuntado que está haciendo un seguimiento al respecto, así como de las decisiones adoptadas por las administraciones competentes, y se ha comprometido a trasladar a CEAFA cualquier nueva información o avance relevante.
Reunión con CEAFA
Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ha mostrado abierto a reunirse con la confederación, aunque ha puntualizado que su agenda actual no le permite concretar una fecha. Desde CEAFA han agradecido su disposición y permanecerán pendientes de poder concertar este encuentro.
"Agradecemos la atención del Defensor del Pueblo y su seguimiento de esta cuestión. Confiamos en que el encuentro nos permita explicarle de primera mano lo que supone para las personas con Alzheimer quedarse fuera de una opción terapéutica autorizada. Mientras tanto, seguiremos trabajando para que el acceso a estos tratamientos no dependa de la capacidad económica de cada paciente", ha afirmado el director de CEAFA, Jesús Rodrigo.
Según la economía de cada paciente
CEAFA presentó su queja ante el Defensor del Pueblo después de que la CIPM rechazara el 15 de julio la financiación de los fármacos, lo que a su juicio supone generar una diferencia de acceso a los tratamientos en función de la posición económica de cada paciente.
En su escrito, la confederación alertaba de que el acceso a estos tratamientos solo es posible en las etapas tempranas del Alzheimer, por lo que cada mes de retraso puede suponer la pérdida definitiva de la oportunidad terapéutica.
CEAFA también aseguraba que la cuestión afectaba al ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución, e instaba a valorarlo a la luz del artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover una igualdad real y efectiva.
Asimismo, invocaba los principios de equidad, igualdad efectiva y superación de las desigualdades en salud recogidos en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías del artículo 49 de la Constitución en materia de autonomía personal, dado que muchas personas con Alzheimer se encuentran o llegarán a encontrarse en situación de discapacidad o dependencia.