El curso político más pobre echa la persiana

Actualizado hace 5 minutos

Las puertas del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo se han cerrado esta semana, bajando el telón de un curso político que arrancó el pasado mes de septiembre y que deja tras de sí una huella legislativa marcada a fuego por la supervivencia y la aritmética endiablada. El balance final arroja un pobrísimo saldo de diez leyes aprobadas y hasta 21 reales decretos ley convalidados. A este recuento se le debe sumar la consumación de la cuarta reforma constitucional de la democracia, diseñada específicamente para garantizar que la isla de Formentera pueda elegir a un senador propio, así como dos importantes reformas del reglamento de la Cámara Baja.

Si hay un termómetro que mide con precisión la temperatura de la actual gobernabilidad, ese es el Boletín Oficial del Estado. La utilización de los decretos ley como principal fórmula de tracción legislativa ha experimentado un aumento exponencial a medida que ha ido avanzando esta XV legislatura. Los datos son elocuentes y dibujan una tendencia clara frente a la fragmentación del arco parlamentario: se ha pasado de los siete decretos convalidados en el curso 2023/2024 (un periodo en el que se sacaron adelante cinco leyes), a 16 en el ciclo 2024/2025 (con 18 leyes aprobadas), hasta culminar en el pico de 21 decretos en este 2025/2026, donde la producción de leyes ordinarias se ha estancado en la decena.

Estos números evidencian una nueva realidad política, especialmente cuando se contrastan con la velocidad de crucero que mantuvo el Gobierno español en etapas anteriores. Quedan lejos las 45 normas aprobadas de forma exclusiva en el último curso de la anterior legislatura (2022-2023). En aquel entonces, el Ejecutivo de coalición navegaba con una aritmética parlamentaria mucho más favorable y flexible. Aquel periodo, de hecho, se vio interrumpido de forma abrupta cuando, el 29 de mayo de 2023, se convocaron unas elecciones generales anticipadas que se celebrarían apenas dos meses después, en el recordado 23 de julio.

El punto de inflexión de este curso político tiene fecha y protagonistas. La ruptura del bloque de la investidura, materializada el pasado otoño cuando Junts decidió dar por terminados sus acuerdos estables con el PSOE, ha supuesto un auténtico seísmo para el calendario de Moncloa. Este divorcio ha provocado que queden bloqueadas o naufraguen iniciativas de un altísimo calado social y económico. Entre las bajas más destacadas se encuentran la prometida reducción de la jornada laboral o la siempre espinosa senda de déficit, que sufrió un duro varapalo al ser rechazada por segunda vez el pasado jueves en el Pleno.

A pesar de este tortuoso paisaje, fuentes del Gobierno español se esfuerzan en poner el foco en el medio vaso lleno. Desde el entorno del Ejecutivo Sánchez insisten en que, pese a las enormes dificultades para tejer alianzas, la sala de máquinas sigue funcionando y sigue siendo posible sacar adelante proyectos en beneficio de los ciudadanos.

La prueba de esta resiliencia gubernamental se encuentra en el contenido de los reales decretos convalidados este curso. Muchos de ellos han tenido un carácter de urgencia internacional y social. Destacan las medidas para hacer frente a la crisis en Oriente Medio, el paquete de apoyo a la población palestina, o el salvavidas financiero mediante ayudas a las víctimas de Adamuz. Resulta paradójico en este clima de ruptura que dos de las reformas que han visto la luz hayan sido impulsadas por actores ahora distanciados: la reforma de la ley electoral (a iniciativa del grupo socialista) y la ley orgánica en materia de multirreincidencia, que fue impulsada precisamente por Junts.

La batalla del relato: el PSOE defiende su agenda

Nada más terminar el tenso pleno del pasado jueves, la maquinaria del PSOE se ponía en marcha para ganar la batalla del relato. A través de sus redes sociales, los socialistas celebraban haber logrado aprobar un total de 74 medidas legislativas desde la constitución de las Cortes actuales, lanzando un mensaje de resistencia y asegurando que su intención es seguir "transformando España día a día con hechos, trabajo y convicción". Esta cifra es el resultado de sumar los 39 reales decretos convalidados, las 33 leyes ordinarias y las dos reformas constitucionales que se han materializado hasta la fecha en esta legislatura.

Aun así, los números fríos demuestran que el actual contexto está lejos de los años de mayor bonanza parlamentaria. Se trata, todavía, de una marca que mira de lejos a las 215 normas validadas durante el anterior mandato (2020-2023), una época que se saldó con el rodillo de 118 leyes y 97 reales decretos. El próximo septiembre dictará sentencia sobre si el Gobierno Sánchez es capaz de reconstruir los puentes.