El Constitucional pone este martes sobre la mesa la Ley de la Eutanasia

El Constitucional arranca este martes el debate del recurso contra la Ley de la Eutanasia, que no se resolverá esta semana por la intención del tribunal de recoger los puntos de vista de los magistrados, antes de elevar un texto que afecta a una de las leyes clave del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente Cándido Conde Pumpido ha incluido el recurso de Vox en el orden del día del Pleno, como "asunto para estudio inicial", un epígrafe novedoso para tratar el abordaje previo de uno de uno de los recursos más delicados del tribunal, cuyo ponente es el magistrado Ramón Sáez.

Fuentes jurídicas han informado de que probablemente no se utilice un borrador de sentencia porque la hoja de ruta pasa por iniciar en este pleno un debate de ideas y propuestas de solución, que sea profundo y sosegado para que los magistrados hagan las sugerencias que consideren oportunas dada la relevancia del asunto.

No habrá resolución esta semana

Dicho de otro modo, los magistrados expondrán sus puntos de vista a los puntos de mayor transcendencia pero sin ninguna propuesta de resolución, porque lo que se busca es tomar el pulso a la cuestión.

Por tanto, el Pleno no va a resolver esta semana el recurso de Vox ni tampoco hay un calendario al efecto, ya que todo dependerá de los avances y de las posibilidades de aunar amplías mayorías en los puntos clave de la ley, lo que se antoja complicado dada la polarización del tribunal en dos bloques. La ponencia, en el mejor de los casos, no se elevaría hasta el siguiente pleno de marzo.

¿Qué está en juego?

La eutanasia, regulada en 2021 a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez, pueden solicitarla las personas que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. Además, el paciente puede desistir en cualquier momento.

Una comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisa cada caso y es responsable en última instancia de autorizarlo. Los profesionales sanitarios pueden acogerse a la objeción de conciencia.

Recursos del PP y de Vox

En su primer año de aplicación, de junio de 2021 a junio de 2022, 180 personas ejercieron su derecho a la eutanasia en el Estado. Vox impugnó la norma por infringir el derecho a la vida al manifestar que se trata de un derecho fundamental que el Estado debe proteger como lo es también su deber de ofrecer cuidados paliativos a los que sufren.

Mientras que el recurso del PP considera que la ley vulnera el derecho a la vida y que genera indefensión jurídica porque no dispone de un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión.

Ambos partidos pidieron, sin éxito, la suspensión cautelar de la ley. Y también ambas formaciones defienden que su respuesta frente a la eutanasia pasa por la mejora de los cuidados paliativos.

El TC ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre un caso concreto, el de Eugen Sabau, conocido como el Pistolero de Tarragona, cuya eutanasia intentaron frenar sin éxito las víctimas de sus crímenes, que querían que fuese juzgado.

Otras cuestiones

Al margen de la eutanasia, el Pleno estudiará la admisión a trámite del recurso de Vox contra la reforma penal que suprimió el delito de sedición y modificó el de malversación, así como la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo que impide la custodia compartida cuando uno de los progenitores se encuentra inmerso en un procedimiento de malos tratos.

Los magistrados también abordarán una nueva cascada de recusaciones de Vox contra cuatro magistrados por una docena de asuntos que serán previsiblemente rechazadas, porque el tribunal se opone a este tipo de iniciativas cuando amenazan con dejarle sin quorum para resolver.