Concluyó el intenso ciclo electoral autonómico que, en el transcurso de cinco meses, ha deparado cuatro citas con las urnas. Desde la celebrada en vísperas de la Navidad en Extremadura, una de las comunidades de menor peso demográfico en el Estado (13ª) hasta los del pasado fin de semana en la más poblada de todas, Andalucía, pasando por Aragón y Castilla y León, todas ellas configuraban una serie en la que muchos han querido ver un observatorio privilegiado para definir tendencias de cara a esas elecciones generales programadas para 2027, pero que los partidos de la oposición pretenden adelantar a toda costa. Y es que precisamente si algo ha demostrado, en líneas generales, este póquer de comicios es que la derecha va ganando terreno en los últimos tiempos. Por ello, están ansiosos por trasladar esa evolución a la pugna por la Moncloa para sacar de allí a Pedro Sánchez, una obsesión que PP y Vox sitúan por encima de todo, incluso de su propia hegemonía en el mapa político autonómico, convirtiéndola en su auténtica prioridad nacional.
El innegable triunfo del bloque derechista en este ciclo presenta, en cualquier caso, matices a tener en cuenta. El PP ha repetido como fuerza más votada en las cuatro comunidades consultadas. Pero no ha logrado el objetivo con el que abiertamente se presentó a los respectivos procesos electorales: el de la mayoría absoluta. Es más, ha perdido la que tenía en Andalucía, donde Juanma Moreno Bonilla deberá lidiar con el “lío” que quería evitar por todos los medios, el de tener que ponerse de acuerdo con Vox para conformar Gobierno y, lo que quizás resulte aun más espinoso, consensuar un programa de actuación. Pero, con toda probabilidad, acabará haciéndolo, al igual que, con mayores o menores reticencias, ya han hecho en Extremadura y Aragón sus compañeros María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente. Y como va camino de hacerlo, aunque a un ritmo más pausado, Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.
Andalucía supone, además, una excepción a la norma que se ha impuesto en la recién concluida tournée electoral. Es la única comunidad de estas cuatro en la que el bloque de derechas ha perdido peso respecto a las anteriores elecciones de 2022. Aunque su bajada en porcentaje de voto no ha sido demasiado significativa (-1.16% entre PP y Vox), ha tenido consecuencias más destacadas en la distribución del hemiciclo del Hospital de las Cinco Llagas, donde la suma de populares y ultras pierde cuatro escaños -cinco menos del PP frente al que gana Vox-, los mismos que engordan el necesitado segmento de la izquierda. En él, la espectacular eclosión de Adelante Andalucía, con seis diputados más que en la anterior legislatura, compensa el nuevo peor resultado histórico del PSOE, que se deja dos y cae hasta los 28, y el estancamiento de Por Andalucía, coalición que englobaba a Sumar y Podemos y que se queda como estaba, con cinco asientos.
Alejandro Nolasco (Vox) saluda a Jorge Azcón en la investidura de este como presidente de Aragón.
Con todo, 68 representantes en la bancada de la derecha frente a los 41 de la izquierda son una diferencia muy elocuente, que va en la línea de lo corroborado en los otros parlamentos autonómicos que han renovado su composición recientemente. El desequilibrio mayor se da en Extremadura, donde el gran salto de Vox -de 5 a 11 escaños- hace que su alianza, ya sellada con el PP, acapare 40 de los 65 asientos, lo que supone un 61,5% de la representación en la Asamblea de Mérida. En Aragón, donde los de Abascal también han duplicado su presencia -de 7 a 14 diputados-, la derecha engorda pese a la leve caída del PP de Azcón y ensancha la brecha frente a una izquierda que amortigua en parte las heridas del batacazo de la socialista Pilar Alegría y de la salida de las Cortes de Podemos con el fuerte crecimiento de la Chunta Aragonesista. Dejando fuera de la ecuación a una formación localista como Teruel Existe, la relación sería de 40 a 25 de un total de 67 escaños. Y algo parecido ocurre en Castilla y León, pese a tratarse de la única comunidad en la que el PSOE mejoró su resultado con respecto a las anteriores elecciones. El éxito de Carlos Martínez, que tras casi 19 años como alcalde de Soria con cuatro mayorías absolutas encabezó la lista socialista a la Junta obteniendo dos procuradores más (32) que en 2022, se vio lastrado por la debacle de la izquierda alternativa, que se presentó dividida y perdió el único escaño que tenía. La derecha, en este caso con un mayor incremento del PP (+4% de votos y dos procuradores más) que de Vox (+1,25% y uno más), abre hueco también en las Cortes de Valladolid.
Derrumbe de la izquierda federal
Al desgaste generalizado que ha evidenciado el PSOE frente a un derecha que ha enfocado estos cuatro comicios autonómicos como otras tantas batallas contra el sanchismo, se ha sumado el derrumbe de una izquierda federal incapaz de tejer alianzas y generar ilusión entre ese segmento de electorado. Las únicas noticias buenas han venido de la mano de formaciones progresistas muy arraigadas en su ámbito geográfico e identificadas con un proyecto propio, como Unidas por Extremadura -que subió de 4 a 7 diputados- o más claramente la Chunta Aragonesista -de 3 a 6-, cuando no declaradamente soberanistas, como la Adelante Andalucía -de 2 a 8- del candidato revelación de las elecciones del pasado 17 de mayo, José Ignacio García.
Pero el efecto más localizado de estos partidos en su particular parcela territorial se diluye en la confrontación de bloques que se dirime a nivel estatal. Y la reiterada apelación de Gabriel Rufián a constituir una alianza plurinacional de izquierdas como parapeto frente al avance de la ultraderecha no presenta, a día de hoy, demasiados visos de cuajar. En estas circunstancias, se antoja más que complicado que un frente progresista sume lo suficiente como para, aun con el apoyo de otros socios actuales de investidura como el PNV, Coalición Canaria o incluso Junts, poder mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. La fórmula que se avecina, casi de modo inexorable, es por tanto la que se ha exhibido por cuadriplicado como ganadora en este campo de pruebas que han sido las autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía: una coalición entre PP y Vox.
Zapatero, cuya imputación ha sido un mazazo para el PSOE, con Montero y Sánchez en un mitin de la campaña electoral andaluza.
El bombazo de Zapatero
Si el desolador resultado del PSOE del pasado 17 de mayo ya resultó un golpe tremendo a sus aspiraciones de contener a la derecha en las generales de 2027, el bombazo que estalló dos días después con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho de esta una semana negra que no se olvidará fácilmente en Ferraz. A diferencia del ahora muy distanciado Felipe González, el que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 seguía siendo, al menos hasta el martes, un activo muy valioso para los socialistas, como se ha podido comprobar en la reciente campaña electoral andaluza, en la que participó hasta en siete mítines apoyando a la candidata María Jesús Montero.
Está por ver el efecto que este nuevo escándalo, sumado a los que implican a otros destacados excargos del PSOE, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, pueda tener entre quienes contemplaran la posibilidad de votar a este partido en próximos comicios. Pero todo hace pensar en que la brecha con la derecha aún puede ensancharse. Y, vistos los plazos de la Justicia, parece una quimera que una hipotética absolución de Zapatero, que en Ferraz creen que podría volverse contra el PP y Vox, se dé antes de una llamada a las urnas que, en el caso de las generales -las municipales están fijadas para mayo-, no debe demorarse más allá del verano de 2027.
Pero, a día de hoy, más que pensar en cómo dar la vuelta a la tortilla para llegar a esas elecciones con unas mínimas opciones de plantar cara a la entente PP-Vox, en el PSOE bastante tienen con bracear para intentar desesperadamente alcanzar esa orilla en que se ha convertido el irrenunciable objetivo de agotar la legislatura. Una misión titánica, especialmente tras anunciar desde Génova el pasado jueves una “ofensiva total” en el Senado contra Zapatero que, obviamente, harán extensiva a su asedio a Sánchez en todos los frentes posibles, en un momento en el que los flotadores políticos que mantienen a salvo al actual jefe de Gobierno empiezan a perder aire. Paradójicamente, es Vox quien más puede ayudar a Sánchez a lograrlo, porque ninguno de sus socios de investidura parece dispuesto a facilitar el acceso de los de Abascal al Gobierno estatal apoyando una hipotética moción de censura sustentada por Alberto Núñez Feijóo.
Vox y la prioridad nacional
Mientras, en Vox, pese a que las dos últimas citas electorales autonómicas constatan una desaceleración del crecimiento exponencial que venían experimentando en los últimos tiempos, se relamen pensando en que se han visto ratificados como un apoyo imprescindible para que el PP acceda a la jefatura del Ejecutivo estatal. Y que, por tanto, la “prioridad nacional” que han impuesto como condición en los acuerdos de Gobierno ya sellados en Extremadura y Aragón y en los que aún están por forjar en Castilla y León y Andalucía será una realidad en todo el Estado cuando llegue la hora de negociar la investidura de Núñez Feijóo como sustituto de Pedro Sánchez en la Moncloa. Y es que, en definitiva, más que la pujanza de populares y ultras, lo que está haciendo inclinarse cada vez más el fiel de la balanza a la derecha es el galopante debilitamiento del PSOE incluso a nivel interno, con algunos de sus barones autonómicos clamando abiertamente por un giro de 180 grados, y la proverbial querencia de las fuerzas ubicadas a su izquierda de hacer cada una la guerra por su cuenta.