El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha dado este jueves detalles sobre la querella penal interpuesta por el Ayuntamiento contra Zaldunborda S.L.U. e Higertoki S.L.U. por falsedad en documento mercantil y estafa procesal. Ambas empresas reclaman al Consistorio y a la extinta Hondarribia Lantzen 13,8 millones de euros. “Está en juego el dinero de los y las vecinas”, ha señalado el primer edil, quien, más allá de la mencionada querella, ha comenzado la defensa por la vía civil. Esta decisión fue aprobada por unanimidad (Abotsanitz, PNV, EH Bildu y PSE) en el Pleno municipal de septiembre.
Un caso iniciado en 2017
Hay que remontarse a 2017 para explicar los primeros detalles de este caso. En aquel momento, Hondarribia Lantzen convocó un concurso “para vender los terrenos de actividades económicas de Zaldunborda”, cuya adjudicataria fue Higertoki por dos millones de euros, y donde estaba prevista la construcción de un macro-outlet. Pero en 2020, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el Plan General de Hondarribia, ratificado un año después por el Tribunal Supremo, con lo que estos terrenos pasaron a ser suelo rural.
Tras esta ratificación, no se volvió a hablar del tema hasta el pasado año, cuando Higertoki y Zaldunborda Berri interpusieron la millonaria demanda contra el Consistorio. El motivo de este intervalo de cuatro años “es algo que no hemos conseguido entender, porque no hay una motivación directa”, ha indicado el primer edil al ser cuestionado por los medios de comunicación presentes.
"Factura entre el mismo entorno empresarial"
En este contexto, el Ayuntamiento ha analizado los 39 documentos de la demanda. Igor Enparan ha explicado “un dato llamativo” encontrado en este análisis: “Alrededor de 5,5 millones de euros, es decir, casi el 90% de esos gastos, corresponden a facturas entre sociedades vinculadas entre sí”, y proceden “de facturas que circulan entre empresas que forman parte de un mismo entorno empresarial”, y que “en algunos casos, las personas que emiten las facturas, las que las reciben, o las que intervienen en los pagos mantienen vínculos económicos o administrativos entre sí”.
En el análisis del primer edil no ha habido crítica alguna a la relación entre empresas o al posible precio elevado por un servicio, pero ha resaltado que “no podemos mirar a otro lado cuando la mayor parte de los gastos se basa en operaciones de este tipo, y aparecen contradicciones en la propia documentación”.
Tres ejemplos
Enparan ha puesto varios ejemplos para explicar la situación. El primero, un pago de cinco millones de euros a VUSA en agosto de 2019 con el concepto ‘Anticipo’ en la transferencia. Las facturas que “según las empresas se pagaron con ese dinero se emitieron después, unas en septiembre, otras los meses siguientes, e incluso algunas en el ejercicio de 2020”, ha señalado. Sin embargo, el documento que vincula estas facturas es “un certificado firmado en julio de 2024, casi cinco años después, y firmado por la propia empresa que la cobró, a través de su administrador”.
Una peculiaridad es que “el dinero entró en una cuenta bancaria distinta de la que indicaban las facturas para su pago”. No obstante, el alcalde no ha negado la realización de la transferencia, pero “un pago no demuestra por sí solo qué servicio se prestó”, y entienden que “hay que aclararlo de forma muy concreta”.
Por otro lado, ha hecho hincapié en una factura para comprar unos terrenos ya adquiridos con anterioridad: “en enero de 2018, la empresa Durruti 21 facturó a Higertoki 650.000 euros más IVA” por ellos, los cuales “habían sido adjudicados a Higertoki mediante un concurso público en junio de 2017”, cuya compraventa “se había formalizado en escritura pública en octubre de ese mismo año”. Además, recalca que “el problema es que la supuesta factura original se emitió seis días después y por un importe inferior”, ha dicho Enparan.
El último ejemplo es “una factura de 690.000 euros” que según la misma debía formalizar el pago “mediante transferencia bancaria”. Sin embargo, Enparan ha señalado “un pagaré firmado” como justificante del pago, y que además cobró “otra sociedad del mismo grupo empresarial”, y no la empresa emisora de la factura.
Además, el alcalde ha advertido de que, tras analizar la documentación, “no se ha podido comprobar si las facturas reclamadas fueron declaradas y contabilizadas debidamente ante las haciendas forales”.
"No debemos abonar la cantidad que nos reclaman"
Por motivos como los indicados, en el Ayuntamiento entienden que “no debemos abonar la cantidad que nos reclaman, y vamos a seguir defendiendo esa posición”. No obstante, ha aclarado que más allá del dinero exigido, “la cuestión es si los documentos presentados en sede judicial reflejan lo que realmente ocurrió”, examinando la contabilidad de las empresas, las cuentas y las facturas, entre otras cosas. El Consistorio ha solicitado esto al juez, al no disponer “de todas las competencias ni de todos los medios necesarios para llevar a cabo por sí solo una investigación de ese calado”. Para ello, se ha encargado “una auditoría independiente y un informe a una abogada especializada en derecho penal”.
Finalmente, Enparan ha dejado claro que “el Ayuntamiento no ha declarado culpable a nadie”, respetando “la presunción de inocencia de todas las personas y empresas implicadas”, y que “la decisión final corresponderá a la justicia”. “Nuestro objetivo es que se aclaren los hechos”, y “que se defiendan los intereses económicos de la ciudadanía de Hondarribia”, ha añadido, para concluir la intervención diciendo que “el dinero de Hondarribia es de sus vecinas y de sus vecinos, y nuestra obligación es defenderlo con responsabilidad”.