Aunque no es nuevo, de un tiempo a esta parte se utiliza con mucha frecuencia el término lawfare, cuya traducción más apropiada vendría a ser "persecución judicial". La cuestión es que 99 de cada cien veces, quien pronuncia o escribe el palabro es alguien que se presenta como progresista y lo hace para denunciar el uso de las instancias judiciales por parte de las fuerzas y/o instituciones de la derecha. Por citar un asunto de mucha actualidad estos días, la judicialización del procés es un ejemplo de libro de esta utilización de las instancias jurídicas con fines políticos. 

 

En lo que nos toca más de cerca, a lo largo del tiempo también hemos visto innumerables sumarios y macrosumarios que atendían a esta misma lógica. Resultaba fácil verlo y denunciarlo.

 

Lo curioso, y esto es menos comentado, es que la izquierda abertzale, sufridora infinidad de veces del mecanismo perverso, lo ha venido utilizando hasta la saciedad contra el PNV. Como detalla hoy Miriam Vázquez en este mismo diario, hay un larguísimo historial de pomposas querellas presentadas por las siglas del momento o por organizaciones afines contra administraciones gobernadas por la formación jeltzale que han acabado en archivo o absolución. El ruido que acompañaba a la demanda se convertía en silencio a la hora de la resolución. Ha vuelto a pasar. Después de 8 años, un juzgado de Azpeitia ha archivado la denuncia de Bildu contra los responsables forales de Obras Públicas del PNV por supuestos fraudes gravísimos en el caso Bidegi. En el auto, la jueza deja claro que todo se basó en un informe repleto de errores. ¿Disculpas? Nadie las espere.