El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha cerrado formalmente la compra de las 510 Viviendas de Protección Oficial del barrio donostiarra de Benta Berri al fondo de inversión Testa-Blackstone. Así lo anunciaba en Instagram ayer, martes 20 de octubre, el consejero de Vivienda Denis Itxaso. La operación, que se ha negociado a precio de vivienda protegida, supondrá la incorporación definitiva de los inmuebles al parque público de Euskadi y resolverá la situación de incertidumbre que afrontan cerca de 1.700 vecinos tras el anuncio del fondo de no renovar sus contratos de alquiler.
Itxaso comparecerá hoy en rueda de prensa para explicar los detalles económicos y las condiciones de una adquisición que el colectivo STOP Desahucios y la asociación vecinal Alokairu ha calificado como una "excelente noticia". La plataforma social ha felicitado a las familias de las calles Resurrección María de Azcue, Bertsolari Xalbador y Plaza José María Sert, subrayando que este logro "demuestra que la movilización social y la unidad vecinal dan sus frutos" tras un largo periodo de lucha y organización constante.
Un vacío legal previo a la normativa de 2003
El origen del conflicto se remonta a 1998, cuando las 510 VPO fueron adjudicadas bajo una fórmula de cesión del derecho de superficie por 75 años a Metrovacesa y Vallehermoso, sociedades que más tarde terminarían bajo el control del fondo de inversión Blackstone. En aquel momento, la legislación vasca fijaba un límite temporal de 30 años de protección pública para las VPO. Aunque Euskadi modificó la normativa en 2003 para establecer la calificación permanente e indefinida para la vivienda protegida, la medida no afectó con carácter retroactivo a las promociones anteriores, lo que dejó a Benta Berri con la fecha de caducidad fijada para noviembre de 2028.
Con ese horizonte en el calendario, las alarmas saltaron a principios de 2026, cuando cerca de 40 inquilinos comenzaron a recibir notificaciones en las que la propiedad anunciaba el fin de sus arrendamientos a medida que vencían los contratos. La presión social y vecinal no tardó en trasladarse al plano institucional. El pasado 26 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia aprobó una moción instando al Ejecutivo autonómico a buscar soluciones urgentes que impidieran la salida forzosa de los residentes. La compra directa formalizada por Lakua garantiza ahora la permanencia de las familias y asegura que las rentas se mantendrán en niveles de alquiler público asequible de forma permanente.