Pedro Sánchez afrontó dos dimisiones en los primeros cien días de su primer gabinete. Màxim Huerta dejó Cultura apenas una semana después de tomar posesión y Carmen Montón renunció a Sanidad tres meses más tarde. Pasaron más de ocho años hasta que Óscar Puente anunció en el Congreso su salida de Transportes tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. Con Mariano Rajoy, la primera renuncia por una crisis política tardó casi tres años en llegar y tuvo su origen en una decisión del propio presidente.
Cuando retiró la reforma del aborto que había presentado su Gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón dejó Justicia. Después dimitieron Ana Mato, al señalarla un juez como beneficiaria de la trama Gürtel, y José Manuel Soria, tras las contradicciones en sus explicaciones sobre los negocios de su familia.
Los seis presentaron su renuncia en medio de un escándalo o de una crisis que comprometía su continuidad al frente del ministerio. El recuento excluye los ceses, los cambios de cartera y las salidas para concurrir a unas elecciones. Fue el caso de Salvador Illa, que dejó Sanidad con Sánchez para encabezar la candidatura del PSC a las elecciones catalanas, y el de Miguel Arias Cañete, que salió de Agricultura con Rajoy para presentarse a las europeas. Entre quienes sí dimitieron por una controversia pública hay dos ministras que ocuparon la misma cartera bajo presidentes de distinto signo y cuyos casos tuvieron desenlaces judiciales muy diferentes.
Dos ministras de Sanidad y dos desenlaces judiciales
Ana Mato presentó su dimisión como ministra de Sanidad el 26 de noviembre de 2014, la víspera del debate en el que Rajoy iba a defender ante el Congreso sus medidas contra la corrupción. Ese mismo día, al concluir la instrucción sobre la primera época de Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había señalado a la ministra como posible beneficiaria de los negocios de su exmarido, Jesús Sepúlveda, con la red de Francisco Correa. Entre los beneficios que llegaron a la familia del exalcalde de Pozuelo de Alarcón figuraban viajes y otros servicios pagados por la trama.
La exministra de Sanidad Ana Mato, en una fotografía de archivo.
Mato sostuvo que desconocía las actividades de su exmarido y explicó que se marchaba para evitar que su permanencia perjudicara al Gobierno. La cuestión que llegó a los tribunales fue si la exministra debía responder por los gastos de su familia que había sufragado la red. En 2020, seis años después de su salida de Sanidad, el Tribunal Supremo confirmó su responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo. Mato debía devolver 27.857,53 euros, el valor de los viajes y servicios de los que se había beneficiado.
En el caso de Carmen Montón, apenas cuatro horas separaron el respaldo público de Sánchez del anuncio de su dimisión. El 11 de septiembre de 2018, la titular de Sanidad llevaba dos días dando explicaciones sobre el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que había cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. Aquella tarde, el presidente defendió su continuidad. Horas después, La Sexta difundió que su trabajo de fin de máster contenía fragmentos de otros autores sin citar. Esa misma noche, Montón compareció para anunciar su marcha.
Carmen Montón anuncia su dimisión como ministra de Sanidad el 11 de septiembre de 2018.
La ministra defendió que había actuado correctamente y explicó que se apartaba para evitar que la polémica perjudicara al Ejecutivo. Más de dos meses después llegó la resolución judicial. En noviembre de 2018, la jueza que investigaba si Montón había recibido trato de favor en la obtención del título archivó las actuaciones por presuntos delitos de prevaricación y cohecho impropio. La Fiscalía había solicitado el archivo al no apreciar indicios de delito.
Seis días al frente de Cultura
La primera dimisión que tuvo que afrontar Sánchez se había producido aquel mismo verano, cuando apenas había tenido tiempo de reunir a su Consejo de Ministros. El 1 de junio de 2018, el Congreso aprobó la moción de censura que puso fin al mandato de Rajoy. El día 7, los integrantes del nuevo gabinete prometieron sus cargos.
Siete días después, Màxim Huerta anunció su dimisión como ministro de Cultura y Deporte. Aquella mañana, El Confidencial había desvelado dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictadas en mayo de 2017, que avalaban la actuación de Hacienda por la forma en que el periodista había declarado sus ingresos durante su etapa en televisión.
El escritor y exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta, en una imagen de archivo.
Huerta había facturado sus servicios a través de una sociedad y había dejado de ingresar 218.322 euros en los ejercicios de 2006, 2007 y 2008. La controversia se refería, por tanto, a su actividad profesional de una década atrás. Su repercusión política se concentró en un solo día. Al comparecer para anunciar que dejaba la cartera, Huerta defendió su inocencia y vinculó su decisión al compromiso de regeneración con el que Sánchez acababa de llegar a La Moncloa. Según explicó, quería evitar que el caso perjudicara al nuevo Gobierno.
Soria y los papeles de Panamá
También José Manuel Soria tuvo que dar explicaciones sobre sus negocios familiares cuando era ministro de Industria, Energía y Turismo con Rajoy. En su caso, fueron las contradicciones entre sus declaraciones públicas y los documentos que iban saliendo a la luz las que precipitaron la renuncia.
El 11 de abril de 2016, después de que su nombre apareciera en las informaciones sobre los papeles de Panamá, Soria negó su vinculación con la sociedad por la que se le preguntaba. En los días siguientes se conoció documentación que lo relacionaba con otra empresa, Mechanical Trading Limited, registrada en la isla de Jersey. El viernes 15 comunicó a Rajoy que dejaba el cargo.
José Manuel Soria, durante su etapa como ministro de Industria, Energía y Turismo.
En su escrito de dimisión, Soria reconoció que había cometido errores al explicar su trayectoria empresarial y que sus declaraciones estaban causando un daño al Ejecutivo y al PP. El ministro atribuyó esos errores a la falta de información precisa sobre hechos de más de veinte años atrás y sostuvo que se referían a actividades anteriores a su entrada en política.
Su salida tuvo, además, una particularidad. Tras las elecciones de diciembre de 2015, Rajoy seguía al frente de un Gobierno en funciones. Soria fue el primer miembro de un gabinete de la democracia que dimitió en esas circunstancias.
Gallardón y Puente, dos formas de asumir la responsabilidad política
El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla.
En diciembre de 2013, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó tras el Consejo de Ministros el anteproyecto que pretendía sustituir el sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma limitaba la posibilidad de abortar a dos supuestos: que el embarazo fuera consecuencia de una violación o que existiera un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada.
Gallardón había asumido la defensa pública de la iniciativa. Nueve meses después, el 23 de septiembre de 2014, Rajoy anunció que la retiraba por "falta de consenso". Ese mismo día, Gallardón presentó su dimisión, entregó su acta de diputado y dejó el Comité Ejecutivo Nacional del PP.
Óscar Puente comparece ante la Diputación Permanente del Congreso el 3 de noviembre para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda.
La más reciente de estas seis renuncias se produjo el 3 de noviembre, seis días después del accidente ferroviario de Urda. Óscar Puente acudió a la Diputación Permanente del Congreso para explicar la actuación de su departamento tras el siniestro, el segundo de gravedad en la alta velocidad en nueve meses. Al término de la comparecencia anunció que dejaba el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que renunciaba también a concurrir en las listas del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Con Rajoy, el accidente del Alvia en Angrois tuvo un desenlace político distinto. Tras el descarrilamiento del 24 de julio de 2013, la ministra de Fomento, Ana Pastor, compareció en el Congreso y anunció veinte medidas de seguridad. Familiares de las víctimas pidieron su dimisión. Pastor siguió al frente de Fomento casi tres años más, hasta que en julio de 2016 pasó a presidir el Congreso. Trece años después de Angrois, Puente explicó ante esa misma Cámara por qué, tras los accidentes de Adamuz y Urda, había decidido marcharse. Un ministro de Transportes, dijo, "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".