El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, encara un momento clave al frente de la política económica con varios frentes abiertos que combinan incertidumbre internacional, reformas internas y equilibrios dentro del propio Ejecutivo. Desde la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 hasta el debate sobre el registro horario, pasando por la vivienda o la financiación autonómica, el dirigente dibuja una hoja de ruta marcada por la revisión constante.
En el plano macroeconómico, el Gobierno español trabaja en la actualización de las previsiones que sustentarán las próximas cuentas públicas. Un ejercicio condicionado por factores externos como la guerra en Irán y por el impacto de las medidas anticrisis adoptadas en los últimos meses. Cuerpo subraya que este recalibrado es imprescindible para afinar tanto las previsiones de crecimiento como de inflación y, en consecuencia, los ingresos y gastos del Estado.
Como referencia, apunta a la reciente revisión del Banco de España, que elevó su previsión de crecimiento hasta el 2,3% y también ajustó al alza la evolución de los precios. “Es la base para construir el presupuesto”, insiste el ministro, que mantiene el compromiso de presentar las cuentas pese a un contexto internacional volátil.
En paralelo, el responsable económico mira a medio plazo con la reforma de la financiación autonómica como uno de los grandes acuerdos pendientes. Confía en avanzar con las comunidades autónomas sobre una propuesta que considera sólida y capaz de concitar apoyos tanto territoriales como estatales.
Diferencias con Yolanda Díaz
Sin embargo, es en el terreno interno donde afloran las mayores fricciones. La reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo ha abierto un debate sobre los tiempos de adaptación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Cuerpo apuesta por ampliar a un año el plazo para que las pymes adopten el sistema digital, frente a los 20 días previstos inicialmente en el texto que fue cuestionado por el Consejo de Estado.
El ministro comparte el objetivo de la medida —garantizar el control efectivo de la jornada laboral y avanzar en su reducción—, pero insiste en que la clave está en el “cómo”. A su juicio, una implementación equilibrada, que tenga en cuenta las condiciones reales del tejido productivo, facilitará que la norma sea eficaz y asumible. Una postura que choca con la del departamento que dirige Yolanda Díaz, que rechaza flexibilizar los plazos por considerar que generaría desigualdades entre empresas.
Más allá de este pulso, Cuerpo identifica la vivienda como “el gran reto” del país. El Ejecutivo ha intensificado la inversión pública tras años de escasa promoción, apoyándose en instrumentos como el fondo ‘España Crece’, dotado con más de 23.000 millones de euros para impulsar vivienda asequible. A ello se suman avales para facilitar el acceso de los jóvenes a la compra y la aplicación de la ley de vivienda en zonas tensionadas para contener precios. El ministro defiende un enfoque integral ante un problema complejo, sin soluciones únicas, que exige actuar sobre oferta, financiación y regulación de forma simultánea.
En lo político, Cuerpo se reivindica cómodo dentro de la orientación socialdemócrata del Gobierno y se declara abiertamente de izquierdas, aunque evita pronunciarse sobre una posible afiliación al PSOE. Frente a quienes le atribuyen un perfil eminentemente técnico, reivindica una forma de hacer política basada en el rigor y el diálogo.
Con esa combinación, el vicepresidente primero trata de pilotar una agenda económica exigente, en la que la estabilidad presupuestaria, las reformas laborales y los desafíos sociales se entrelazan con la necesidad de mantener el equilibrio dentro del propio Ejecutivo español.