El Consistorio de Aretxabaleta se encuentra en la fase final del proceso de adjudicación del arrendamiento de 70 hectáreas de terrenos municipales situados en el entorno de Urkulu, concretamente en los barrios de Larrino, Aozaratza y Arientza. La licitación pública, destinada a seleccionar la explotación agraria que gestionará estas tierras, encara ya sus últimos coletazos tras el análisis de las ofertas presentadas.
El contrato contempla un plazo inicial de alquiler de diez años, con posibilidad de prorrogarse en dos periodos adicionales de cinco años, lo que permitirá dotar de estabilidad al proyecto agrícola que resulte adjudicatario..
Un proyecto de mayor alcance
Los terrenos, propiedad municipal desde 2002, ya fueron objeto de un proceso de arrendamiento hace dos décadas. El Ayuntamiento ha optado nuevamente por licitar la totalidad de las parcelas de forma conjunta, al considerar que esta fórmula favorece la viabilidad económica y técnica de la explotación agraria y permite desarrollar un proyecto de mayor alcance.
Al procedimiento concurren cuatro explotaciones agrarias, cuyas propuestas han sido evaluadas conforme a los criterios recogidos en los pliegos de la licitación. Además de la oferta económica, el Consistorio ha valorado aspectos vinculados al proyecto de explotación, el relevo generacional en el sector, el impulso a la incorporación de personas jóvenes y mujeres a la actividad agraria, la formación de las personas responsables y la aplicación de medidas orientadas a una gestión sostenible de los terrenos.
Con el fin de garantizar la máxima objetividad y el rigor técnico durante el proceso, la evaluación de los proyectos ha contado con la participación de un técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que el resto de los requisitos se han aplicado mediante las fórmulas de valoración establecidas en la propia licitación.
La adjudicación definitiva está prevista para las próximas semanas. Una vez formalizado el contrato, el Ayuntamiento realizará un seguimiento periódico de la explotación adjudicataria para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, tanto en materia de gestión agraria como de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.