El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está trabajando para volver a poner en marcha una norma que permita al Gobierno español topar precios de servicios o productos durante una emergencia, según han indicado fuentes del Ministerio a Europa Press.
De este modo, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy pretende evitar abusos a las personas consumidoras como los que han podido producirse en medios de transporte alternativos a raíz del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda y como ocurrió en otras tragedias como la de Adamuz (Córdoba) o la dana de Valencia.
Este mismo año, el 10 de febrero, tras el accidente ferroviario ocurrido en Andalucía, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley desarrollado por Consumo para incorporar un límite máximo de precios en situaciones de emergencia que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda.
Una norma que permitía al Gobierno español fijar que el precio de un servicio o de un producto no podría ser superior al precio máximo que tuviera este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de la emergencia.
Además, esta nueva normativa introducía un mecanismo de tope adicional, estableciendo que si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto en esos 30 días previos fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.
Aaprovechan la necesidad y la vulnerabilidad de la gente para lucrarse
Ese real decreto-ley fue tumbado dos semanas después, el 26 de febrero, en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular (PP), Vox y Junts cuando los grupos parlamentarios de estos tres partidos políticos votaron en contra de su convalidación.
"La derecha y la ultraderecha se han vuelto a poner de acuerdo para votar en contra de los derechos de la ciudadanía española", declaró Bustinduy ese mismo día tras la votación. El ministro recalcó entonces que "la próxima vez que, en una situación de emergencia, haya multinacionales que aprovechen la necesidad y la vulnerabilidad de la gente para lucrarse sin límite y con impunidad, que se acuerden de que PP, Vox y Junts lo hicieron posible con sus votos".
Para evitar que esto vuelva a ocurrir y hacer frente a las situaciones de abusos para los consumidores que podrían estar produciéndose estos días tras la tragedia ferroviaria en Urda, el Ministerio de Consumo ya está trabajando para recuperar esta norma.
Billetes de avión
De hecho, desde este pasado miércoles, día del accidente, el Ministerio ha detectado un "aumento generalizado" de los precios en los transportes alternativos al tren, como los billetes de avión, y monitoriza desde ese día los precios de otros medios de transporte.
Así, el departamento está trabajando en un real decreto-ley que modifique el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para facultar al Gobierno a actuar en esas situaciones de emergencia con carácter extraordinario que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda, y que no se corresponderían con un aumento de costes para las empresas.