Behatokia denuncia que “las decisiones y actitudes contrarias al euskera” persisten

"Aún en el 2023 se siguen haciendo planteamientos para perpetuar la minorización del euskera”. Así lo asegura Behatokia, que denuncia que “en la última década no ha habido ningún avance en el reconocimiento de los derechos lingüísticos”, y que “las actitudes y decisiones contrarias al euskera persisten”.

La directora de Behatokia, Agurne Gaubeka, y la técnica Garbiñe Petriati, han presentado las principales conclusiones del informe Situación de los Derechos Lingüísticos 2023. Un informe que “demuestra que hay una falta de medidas efectivas en relación con la garantía de los derechos lingüísticos”. Y es que según han indicado, “la falta de estatus, reconocimiento y protección legal del euskara en algunos territorios impide la adopción de medidas correctoras en la política lingüística”.

Behatokia advierte de que “se está llevando un derecho a parámetros de mercado de oferta y demanda, con el riesgo de perpetuar la minorización del euskara en lugar de aplicar medidas de equidad”. Además, según el Observatorio, no ha habido ningún avance en la última década: “Seguimos con las mismas vulneraciones y limitaciones que se repiten en los últimos 10 años y, en lugar de darles solución, los derechos lingüísticos de los vascoparlantes se siguen situando los mismos parámetros”. Es decir, “el carácter secundario del euskara y la desigualdad de los derechos lingüísticos y de las lenguas minorizadas”, afirma Gaubeka.

Por otro lado, “a pesar de que en las administraciones generales y en los ayuntamientos se demande recibir el servicio en euskara, en ocasiones se exige a la persona que cambie de idioma al castellano o al francés, o se condiciona la elección de la lengua provocando retrasos y esperas significativas, entre otros perjuicios”. Según Behatokia, “cuesta que la administración realice una oferta activa en euskara, y en los servicios subcontratados no se establecen y garantizan adecuadamente los criterios lingüísticos”.

Todo ello, aboca a “la ciudadanía a renunciar al euskara para recibir el servicio sin obstáculos” . De hecho, algunos de los casos recogidos en 2023 “demuestran cómo se condiciona el uso del euskara en los servicios y actividades básicas que recibe la ciudadanía”. Desde Behatokia critican que aunque el euskera tiene un estatus oficial en algunos territorios, por lo que “la ciudadanía debería tener garantizado el derecho a utilizarlo”, “los que no conocen el euskera son los que marcan el alcance de esa garantía”.

Según han dado a conocer ayer Gaubeka y Petriati, en 2023 se recibieron en la CAV y Nafarroa un total de 987 incidencias, de las cuales, 909 son quejas, 49 felicitaciones y 29 consultas, sugerencias u otros. A pesar de percibir un descenso de quejas recibidas, Petriati ha puesto énfasis “en la brecha entre los datos y la realidad”.

Y es que muchas personan renuncian a ser atendidas en euskera por las dificultades que saben que enfrentan. “Hay que tener en cuenta que esta cifra no es más que una muestra de la realidad. Muchos ciudadanos han tenido el reparo de solicitar sus servicios en euskara por miedo a retrasos u otros daños colaterales, sin identificarlos como una vulneración de derechos”, ha subrayado.

A su juicio, “esto es un indicador de las carencias de todo el sistema”, ya que aunque el ciudadano “tenga conciencia de sus derechos lingüísticos, si quiere recibir el servicio sin obstáculos, a menudo le hace renunciar a utilizar el euskara”.

El informe de Behatokia pone el foco en sectores como la justicia, educación y la sanidad. En lo referente a justicia, el Observatorio señala que “las vulneraciones de los derechos lingüísticos son sistemáticas”. A su juicio, “la falta de protección y de mecanismos, las incertidumbres y la prolongación de los plazos por el uso del euskara condicionan o limitan significativamente la decisión de la ciudadanía”.

Asimismo, según concluye, en la atención primaria o en los centros administrativos, el informe recoge que los servicios en euskera “no se garantizan correctamente y todavía hay limitaciones o condiciones para trabajar en euskara”. Hace especial hincapié en el caso de Nafarroa, donde en el Servicio de Salud “sólo se puede solicitar relacionarse en euskara por escrito, pero no se adoptan las medidas necesarias para garantizar la atención sanitaria en euskara”. Además, sostiene que la situación para ser atendidos en euskera por especialistas médicos “es aún peor”. En el caso de la educación, la oferta en euskera “es menor” y “se perpetúan los mismos obstáculos que en los últimos años para difundir el modelo de enseñanza en euskara”.

Derechos lingüísticos

Behatokia considera que “se están estabilizando las medidas para superar las vulneraciones que debían ser transitorias, y en lugar de avanzar con ambición y determinación, se sigue perpetuando y limitando la elección lingüística de las personas que quieren vivir en euskera”. En ocasiones, a su juicio, “las leyes, decretos, planes, ordenanzas y otras normas no establecen medidas correctoras”. Así las cosas, el balance de Behatokia denuncia “la persistencia en 2023 de las decisiones y actitudes contrarias a las medidas para garantizar los derechos lingüísticos”. A su juicio, “en lugar de aplicar los principios de equidad a una lengua en situación de vulnerabilidad, se han seguido haciendo planteamientos para perpetuar la minorización”.