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Quedan pocas horas para que se ejecute la orden de desahucio de una vecina de Arrigorriaga y su hija menor de edad, residentes desde hace dos décadas en el barrio de Abusu. Va a ser este viernes. El sindicato de vivienda Batu, que defiende los intereses de las afectadas, está preparado para hacer frente al desalojo con la convocatoria de una concentración, a las 8.30 horas, en el número 35 de la calle Santa Isabel.
Ante esta problemática social, el Ayuntamiento de Arrigorriaga ha optado por tratar el caso “con discreción, responsabilidad y voluntad de ofrecer una respuesta real, más allá de declaraciones públicas o gestos puntuales”. Aún así, ha lanzado este jueves un comunicado en el que asegura que su prioridad “ha sido y continua siendo” atender a la persona afectada mediante un “acompañamiento durante todo el proceso” y movilizar “ los recursos municipales disponibles para ofrecer una respuesta adecuada a sus necesidades”.
También afirma el gobierno local que los servicios municipales han mantenido "un contacto cercano con la persona afectada" desde que se tuvo conocimiento de su situación, así como una interlocución "directa y continuada" con el sindicato Batu a través de cuatro reuniones de seguimiento para "compartir información, analizar la evolución del caso y explorar las posibles vías de actuación".
Buscando alternativas
El Ayuntamiento de Arrigorriaga insiste en que ha puesto a disposición de la persona afectada los recursos que están dentro de su ámbito de actuación y lanza un mensaje claro: "nuestra vecina no va a quedar desamparada". Para ello, mantendrá "el acompañamiento social", continuará trabajando para "ofrecer una alternativa que evite que se vea en una situación de calle", dentro de lo que son sus "posibilidades y de los recursos disponibles" y dejará abiertos "los canales de diálogo y colaboración necesarios".