Las Juntas Generales de Álava han dado luz verde definitiva al dictamen de la comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos sobre el proyecto de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas. Esta medida, que ha salido adelante gracias a un amplio consenso entre PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Araba, marca un antes y un después en la fiscalidad verde y social del territorio alavés, situando la corresponsabilidad y la sostenibilidad en el centro del debate político.
Frente a este bloque mayoritario, el Partido Popular y Vox han manifestado su rechazo frontal a la nueva tasa, votando en contra en el pleno de la Cámara alavesa al considerar que la medida tiene un afán puramente recaudatorio y puede perjudicar la competitividad de un sector que califican como emergente.
Sostenibilidad y servicios públicos como eje central
La encargada de defender el proyecto ante el pleno ha sido la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, quien ha fundamentado la necesidad de esta norma en el crecimiento de la actividad turística y su consecuente impacto en los recursos comunes. Según ha argumentado Gonzalo, aunque el turismo es una fuente de riqueza y proyección exterior, también conlleva un uso intensivo de infraestructuras y servicios que son sostenidos por toda la ciudadanía.
En este sentido, la diputada ha subrayado que la norma no tiene como objetivo limitar el flujo de visitantes, sino asegurar que la actividad contribuya de manera equitativa al interés general. El sistema diseñado se basa en una unidad de medida sencilla y transparente: el número de días de estancia. De esta forma, se busca una gestión clara que no suponga una carga excesiva, sino una aportación moderada vinculada directamente al uso de los servicios públicos que permiten que la propia actividad turística sea posible en el territorio.
Autonomía local: los ayuntamientos decidirán
Uno de los puntos más destacados de la nueva norma foral es el respeto a la autonomía local. A diferencia de un modelo rígido, Álava ha optado por establecer un marco común que garantice la coherencia en todo el territorio, pero permitiendo que sean los ayuntamientos quienes modulen la aplicación del impuesto.
A través de sus propias ordenanzas fiscales, las entidades locales podrán decidir sobre la aplicación de tipos, bonificaciones o recargos. Esta flexibilidad permitirá adaptar la tasa a la realidad concreta de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la presión turística, la capacidad de alojamiento y las necesidades específicas de cada entorno.
Desde el PSE-EE, el portavoz Josu Lopez Ubierna ha hecho hincapié en que serán los ayuntamientos quienes realmente recauden y gestionen este impuesto, defendiendo que nadie mejor que las instituciones locales para determinar qué ordenanza es la más adecuada para fomentar un turismo sostenible. Por su parte, Xabier Ullibarri (EH Bildu), aunque ha votado a favor, ha señalado que la tasa "llega tarde" y ha instado a los municipios a ponerse en marcha cuanto antes.
El debate de las viviendas de uso turístico
El apoyo de Elkarrekin Araba también ha sido fundamental para sacar adelante el texto. Su portavoz, David Rodríguez, ha señalado que la norma es adecuada para la realidad alavesa y ha destacado las enmiendas de su grupo para ajustar la presión fiscal. Estas modificaciones han buscado, por un lado, suavizar el impacto en ciertos municipios y sectores y, por otro, endurecer la normativa en áreas que consideran críticas, especialmente en lo que respecta a las viviendas de uso turístico.
La oposición advierte de un impacto negativo
En el bloque del "no", el Partido Popular se ha mostrado especialmente crítico. La procuradora Elisabeth Ochoa de Eribe ha calificado la norma de "despropósito", argumentando que Álava posee un turismo emergente que necesita incentivos y no obstáculos. Según el PP, este impuesto nació con un carácter disuasorio para ciudades saturadas como Donostia y su aplicación en Álava podría "destrozar el trabajo de más de treinta años" de promoción turística. Además, critican la falta de un análisis de competitividad frente a provincias vecinas que no aplicarán este gravamen.
Desde Vox, Jonathan Romero ha coincidido en que se trata de una nueva carga fiscal que penaliza una actividad económica que debería ser impulsada, rechazando que se presente como una herramienta necesaria para compensar el gasto público.