Zupiria justifica que la Ertzaintza no detuvo porque "no estaban cometiendo delito"

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Al día siguiente de que la Audiencia Nacional decretara el pasado martes la prisión incondicional para los dos miembros de un grupo disidente de la izquierda abertzale, el consejero de Seguridad ha explicado que no fueron detenidas por la Ertzaintza in flagranti en el control de alcoholemia cuando viajaban en un vehículo en el momento en que fueron identificados “porque no estaban cometiendo ningún delito”. Bingen Zupiria ha argumentado que este es un Estado “garantista” en cuanto a la libertad de movimiento de todos los ciudadanos y ha defendido que se “condene y deslegitime el uso de la violencia” de ETA.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña acordó este pasado martes la prisión provisional por delito de terrorismo para Aratz Bilbao y Malen Grünig, que, según el auto, pertenecen a la coordinadora Jardun, organización compuesta por Jarki y Aske, colectivos integrados por disidentes de la izquierda abertzale, crítica con la línea oficial de EH Bildu respecto de los presos y la amnistía y su asimilación por las instituciones.

Fotos de banderas de ETA

Los detenidos habían sido identificados por la Ertzaintza en un control el 26 de septiembre en el municipio guipuzcoano de Eskoriatza, de madrugada, y se les encontró en el interior de una mochila planos de situación de zulos que fueron de ETA, listados de guardias civiles y de otros cuerpos policiales, anotaciones de matrículas, y dispositivos encriptados, que una vez abiertos contenían fotografías de entrenamiento “para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”, o fotografías de banderas de ETA. En el coche también localizaron “evidencias sospechosas relacionadas con informaciones sobre un posible zulo con material”, según consta en el auto judicial.

La Ertzaintza identificó in situ a los dos detenidos y les dejó marchar. Fue a partir de ese momento, esa misma noche, según el consejero, cuando la Policía vasca tuvo la primera comunicación con la Guardia Civil y la Policía Nacional española.

Tras la identificación, la Ertzaintza solicitó a la Audiencia Nacional autorización para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la justicia los indicios encontrados, “y luego la Ertzaintza se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente”.

En declaraciones realizadas tras el acto de toma de posesión de Cristina González como consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Zupiria ha recordado que la Audiencia Nacional hace referencia en su auto a la supuesta comisión por parte de los dos detenidos de delitos vinculados al terrorismo, y que se basa en “evidencias” que la Ertzaintza le ha facilitado. En este sentido, ha añadido que lo que se ha hecho ha sido “investigar y poner en manos de la justicia la información”.

“La decisión del juez es la de iniciar una investigación para comprobar qué delitos se han podido cometer, también su gravedad y, como medida preventiva, ha decidido enviarlos a prisión mientras se desarrolla esta investigación”, ha recordado, entre otras razones para evitar el riesgo de fuga y alterar posibles pruebas. Los arrestados iban acompañados de una tercera persona, de nacionalidad irlandesa, que no fue arrestado.

Tras el envío a prisión de los dos detenidos, la Ertzaintza desarrollará la investigación que proceda a las órdenes de la Audiencia Nacional para “determinar los hechos que se han podido producir o no”, con garantías de cumplimiento de los procedimientos y de los derechos de los detenidos para investigar sobre unos hechos y unas sospechas que el juez califica como “graves”.

Jardun, "alegal"

En cuanto a Jardun, Aske y Jarki, organizaciones a las que supuestamente pertenecen los detenidos, Zupiria ha recordado que “son organizaciones alegales, no están inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos”, por lo que “hay mucha información” sobre ellas “que no es conocida públicamente”.

Zupiria ha subrayado que este es un “buen momento” para volver a recordar “la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia o su legitimación. En este sentido, ha remarcado que el Gobierno Vasco, desde hace 15 años, cuando se produjo la disolución de ETA, “lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y deslegitime el uso de la violencia”, así como su justificación, porque “lo piden así las instituciones, pero también la mayoría de la sociedad vasca”.

La organización Aske, que forma parte de la coordinadora Jardun, ha denunciado “la criminalización” de ambas personas con “la excusa del fantasma del terrorismo”. “Todo esto ha condicionado el posterior proceso judicial, algo que ha quedado demostrado tanto en la decisión tomada por el juez como en las sospechas y en las acusaciones que ha utilizado”, ha señalado, para asegurar que estas acusaciones no tienen “fundamento”.

Tras censurar que, en la declaración ante la Audiencia Nacional, se hayan “utilizando pruebas sin ningún valor para imputar a los acusados delitos que son muy graves”, ha considerado que han sido arrestados por su “militancia política”.

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que hay que estar “ojo avizor” con los grupos disidentes de la izquierda abertzale, algunos de los cuales están “en plena efervescencia”, porque siempre hay “nostálgicos”, en este caso de ETA. En una entrevista a RNE, Esteban ha admitido que está “algo preocupado” por la detención de dos personas por presunto terrorismo, a la espera de que quede “aclarado el incidente” porque “parece que tenían un material posiblemente relacionado con actividades violentas”. “Siempre puede haber algún grupo de nostálgicos.

El líder jeltzale ha señalado que los detenidos tenían documentación con seguimientos a policías y posibles zulos, y esto “no es algo que cualquier ciudadano lleve, tiene que haber una intencionalidad detrás”.