Anticorrupción pide suspender las inspecciones fiscales a Quirón por la causa de la pareja de Ayuso

Actualizado hace 4 minutos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que acuerde la suspensión de varios procedimientos de inspección tributaria relacionados con Quirón Prevención y otras sociedades del grupo, al considerar que los hechos investigados en una pieza separada de la causa que afecta a Alberto González Amador pueden tener incidencia directa en las comprobaciones fiscales.

En un escrito fechado el 18 de junio, el Ministerio Público interesa paralizar las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) relativas al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2021 a 2023 y al IVA comprendido entre marzo de 2021 y diciembre de 2023.

La petición afecta a Quirón Prevención SL y a Helios Healthcare Spain SL, esta última como representante de varios grupos fiscales, además de al IRPF de 2020 de Fernando Javier C. M., director de Quirón Prevención.

Prevalencia de la vía penal sobre la inspección fiscal

El fiscal argumenta que la investigación penal y las inspecciones tributarias coinciden materialmente en los hechos que deben esclarecerse, por lo que considera que debe prevalecer la jurisdicción penal. La solicitud busca evitar que la Administración tributaria resuelva sobre cuestiones que podrían quedar condicionadas por lo que se determine judicialmente.

La petición se fundamenta en que la propia inspección tributaria habría apreciado indicios de simulación en determinados servicios facturados por las mercantiles Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos SL y Masterman & Whitaker Medical Supplies SL a Quirón Prevención. Según el escrito, los hechos que se declaren probados en la causa penal podrían afectar a la deducibilidad de los gastos en el Impuesto sobre Sociedades y de las cuotas de IVA soportado.

Anticorrupción reclama que la suspensión se acuerde sin más demora, ya que la primera solicitud en este sentido se presentó el 10 de febrero de 2026 y advierte del riesgo de que se agote el plazo de inspección tributaria.

Una comisión de casi dos millones de euros

La pieza separada se abrió para investigar posibles delitos de administración desleal y corrupción entre particulares relacionados con operaciones comerciales en las que participó Maxwell Cremona, sociedad de la que González Amador era propietario y administrador.

Según recuerda la Fiscalía, esta mercantil habría percibido el 5 de mayo y el 8 de agosto de 2020 un total de 1.973.000 euros por intermediar en la venta de material sanitario de protección de FCS Select Products SL a Mape Asesores SA.

El escrito también destaca que Maxwell Cremona experimentó un incremento significativo de sus ingresos procedentes de Quirón Prevención durante los ejercicios 2020 y 2021. En relación con las operaciones posteriores, el Ministerio Público expone que las actuaciones inspectoras detectaron facturación de servicios de las mercantiles Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker a Quirón Prevención por un importe total de 4.436.495 euros entre 2021 y 2023, IVA incluido. De esa cantidad, 3.666.525 euros correspondían a la base imponible y 769.970 euros al impuesto. La Fiscalía considera necesario esclarecer la realidad de los servicios prestados y si las operaciones pudieron utilizarse para ocultar un origen ilícito de los fondos o retribuir algún favor recibido.