El departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y Sareen Sarea han cumplido un año de trabajo conjunto para incorporar a las políticas residenciales públicas la experiencia y el conocimiento de las organizaciones del tercer sector de Euskadi.
Así, y durante este proceso participativo, se han abordado las necesidades habitacionales de personas refugiadas, víctimas de violencia machista, personas sin hogar, así como de mayores y jóvenes sin referencias familiares.
“Disponer de una vivienda asequible aporta estabilidad, pero determinadas personas necesitan también acompañamiento social, mediación, apoyos para la convivencia o coordinación con otros servicios públicos. La vivienda debe ser el punto de partida para recuperar autonomía y desarrollar un proyecto de vida”, ha afirmado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.
Diagnóstico habitacional
Fruto de esta colaboración, el Ejecutivo prevé para este año la elaboración de un diagnóstico de las principales necesidades habitacionales, así como un mapa de buenas prácticas impulsadas por las organizaciones sociales que permita avanzar hacia nuevas fórmulas de vivienda con acompañamiento y colaboración público-social.
El objetivo es identificar qué problemáticas se repiten, qué colectivos necesitan respuestas específicas y qué iniciativas pueden ampliarse, replicarse o integrarse en el sistema vasco de vivienda. En este sentido, el trabajo permitirá mejorar los procedimientos de acceso y reforzar la coordinación entre Gobierno Vasco, ayuntamientos, servicios sociales y entidades especializadas.
Proceso de escucha
Durante este primer año, el departamento, Alokabide y Sareen Sarea han desarrollado un proceso de escucha y análisis dirigido a conocer las necesidades habitacionales de colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Así, el trabajo ha combinado sesiones con las redes y entidades del tercer sector, encuentros con personas usuarias y cuestionarios dirigidos a las organizaciones sociales. Esta metodología ha permitido contrastar la visión institucional con la experiencia de quienes afrontan estas dificultades y de quienes trabajan diariamente en su acompañamiento.
A lo largo del proceso, se han abordado cuestiones como el acceso al parque público, la coordinación con los servicios sociales, el acompañamiento durante el arrendamiento, la prevención de la pérdida de la vivienda, la convivencia, la mediación comunitaria y la adaptación de las soluciones residenciales a situaciones personales muy diferentes.
Gestión residencial
La directora general de Alokabide, Patricia Val, ha explicado que “el proceso busca convertir la experiencia acumulada por las entidades sociales en criterios de actuación concretos. No se trata únicamente de identificar necesidades, sino de conocer qué apoyos funcionan y cómo pueden integrarse en la gestión residencial”.
Por su parte, el consejero Itxaso ha destacado que “las entidades sociales tienen un conocimiento directo de las circunstancias que pueden convertir la vivienda en un factor de exclusión. Incorporar esa experiencia mejora las decisiones públicas y nos permite construir respuestas más cercanas, especializadas y eficaces”.
Pacto Social por la Vivienda 2022-2036
La iniciativa se enmarca en el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036 y enlaza con las recomendaciones formuladas por el Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi.