Un tribunal federal estadounidense ha invalidado la suspensión de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países impuesta a principios de año por el Gobierno de Donald Trump. La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, ha determinado que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar esta medida.
En una sentencia de 61 páginas, la magistrada califica la prohibición de "manifiestamente ilegal" y cuestiona el argumento del Gobierno estadounidense de que los solicitantes procedentes de estos países presentaban un riesgo elevado de convertirse en una "carga económica".
Vargas ha señalado que la Administración ordenó a sus funcionarios denegar visados incluso a personas que cumplían los requisitos y probablemente serían autosuficientes. Según la jueza, esta actuación contravino la normativa que obliga a realizar una evaluación individualizada de cada solicitud.
Países afectados
La suspensión, aplicada desde el pasado enero, afectaba a países latinoamericanos y caribeños como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La lista también incluía, entre otros, a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Entre los demandantes figuran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas con base en esta política, además de seis ciudadanos estadounidenses que aseguran que la prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
Miles de solicitudes podrían revisarse
La sentencia también deja sin efecto las denegaciones de visado fundamentadas exclusivamente en la directiva, por lo que miles de solicitudes ya tramitadas podrían ser revisadas.
"Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visados ilegal y discriminatoria impuesta por esta Administración", ha afirmado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center. Cuevas Ingram ha destacado que el tribunal dejó claro que las leyes migratorias no pueden emplearse para justificar la discriminación.
Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, ha calificado el fallo como un "contundente rechazo" a una política que provocó un grave daño a familias y comunidades.
"La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas", ha sostenido. Por el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la sentencia.