Un informe de Lakua califica de “ejecución extrajudicial” la emboscada de Pasaia

Que a la democracia le costó arrancar y que, una vez superada la Transición, todavía se mantenían muchos tics totalitarios del franquismo lo demuestran hechos como el que tuvo lugar el 22 de marzo de 1984 en la Bahía de Pasaia, cuando cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas murieron a causa de los disparos de la Policía Nacional. Se trata de Dionisio Aizpuru, José Mari Izura, Rafa Delas y Pedro Mari Isart, cuyo asesinato ha sido calificado de “ejecución extrajudicial” por un informe encargado por el Gobierno vasco.

En los 39 años transcurridos desde entonces nadie ha sido juzgado por este caso, uno de los ejemplos más descarnados de violencia amparada por las instituciones desde el fin de la dictadura. El informe, realizado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, denuncia que no hubo una actuación judicial efectiva para esclarecer lo sucedido. Tal y como avanzó ayer EITB, el escrito concluye que de la investigación realizada derivan “un conjunto de presunciones de hecho que militan abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajudicial”.

Al igual que sucedió tras hechos similares, al asesinato múltiple le siguió un “calvario judicial presidido por constantes maniobras dilatorias” destinadas a dejar en las sombras a los responsables. Una “resistencia al afloramiento de la verdad” que contrasta con la “violación grave de los derechos humanos” que tuvo lugar esa noche de hace cerca de cuatro décadas.

“Ello y el silencio institucional prácticamente generalizado han incrementado aún más si cabe el grado de injusticia”, agrega el documento. Según ha podido saber este medio, las conclusiones sobre este caso formaban parte de los diez tomos realizados por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, que fueron difundidos en septiembre de 2020.

Los destinatarios fueron todos los grupos del Parlamento Vasco, agentes sociales –sindicatos y patronal–, asociaciones, centros de documentación de víctimas y también medios de comunicación de Euskadi. No así los familiares de las víctimas de la emboscada de Pasaia, que según confirmó ayer el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, tuvieron conocimiento de las conclusiones del informe durante una reunión con técnicos del Gobierno vasco el pasado 3 de marzo. En declaraciones a EITB, el hermano de Dionisio Aizpuru, Pello Aizpuru, expresó el malestar de la familia por esta tardanza. “Estamos muy dolidos”, aseguró.

Reconocimiento

Ranz explicó que la intención era “hacer entrega del informe a la familia en el marco de la Comisión de Valoración dentro del proceso de reconocimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por razones de motivación política”. Añadió que entiende el malestar de las familias, “y si tengo que pedir disculpas porque no se hizo en su momento una entrega expresa, por supuesto lo asumo”. Por último, avanzó que se llevarán a cabo nuevas reuniones con los familiares.