La Fiscalía abre una investigación a TikTok por los videos de abusos sexuales a menores

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación a TikTok por la difusión de material de abuso sexual infantil después de que una investigación periodística destapara más de mil vídeos de este tipo en la plataforma, con más de 48 millones de visualizaciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la decisión y ha advertido de que "se acabó la impunidad en las redes sociales".

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha encargado las diligencias a Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, para esclarecer los posibles delitos de elaboración y difusión de estos contenidos y corrupción de menores. La investigación parte de una denuncia presentada por Maldita.es, cuyos representantes comparecieron ayer ante la Fiscalía para ratificarla y aportar las pruebas recopiladas.

El medio de verificación identificó más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambiaban o vendían este material, de los que más de 7.000 operaban en español. También localizó 780 cuentas utilizadas para captar compradores y 91 emisiones en directo de menores en 17 países en las que los usuarios solicitaban acciones, algunas de carácter sexual, a cambio de dinero.

"Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas", escribió Sánchez en X tras conocerse la apertura de las diligencias. El Gobierno ya había reclamado medidas contra TikTok e incluso había planteado la posibilidad de suspender su actividad en España.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado que solicitará a TikTok información sobre las medidas adoptadas para retirar estos contenidos. Una vez analizada la documentación, prevé ordenar el bloqueo de los enlaces concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores. El organismo ha precisado que estas actuaciones deberán ajustarse a sus competencias y que trasladará la información a las autoridades europeas correspondientes. La investigación judicial deberá determinar ahora si los hechos denunciados constituyen delito y quiénes son sus responsables.