Un guardia civil ha relatado en el juicio del caso Púnica el "poder" que tenía el exconsejero madrileño Francisco Granados para imponer a ayuntamientos del PP entre 2004 y 2013 amaños de contratos de fiestas locales a una empresa de un amigo suyo, además de cargar a los consistorios eventos del partido y otros particulares.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio a Francisco Granados y otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de las fiestas municipales en dicho periodo de Waiter Music, cuyo dueño era el fallecido José Luis Huerta.
Actividad corrupta
El citado agente ha testificado que durante la investigación interceptaron una conversación telefónica entre Huerta y Granados en la que hablan de "la estrategia" que va a seguir para su actividad corrupta y en la que durante la misma el primero le dice al segundo: "Por lo que a mí respecta que ganéis las elecciones".
Ha añadido que hicieron un seguimiento de las reuniones que ambos mantenían habitualmente de manera privada y comprobaron que existían indicios de que tramaban "el amaño de contratos públicos y el posterior cobro de comisiones".
El testigo ha comentado que Huerta siguió teniendo relación con los alcaldes que sucedieron a Granados en la alcaldía de Valdemoro cuando este pasó en 2003 a ser consejero en la Comunidad de Madrid, los también acusados José Miguel Moreno y José Carlos Boza.
"Poder para quitar y poner alcaldes"
Y ha subrayado que aunque Granados dejó de ser alcalde en 2003 seguía teniendo mucho "poder" e influencia en los ayuntamientos de Valdemoro y de otros municipios desde su posición en la Comunidad de Madrid -donde llegó a ser el número 2 de la presidenta Esperanza Aguirre- y como secretario general del PP regional. "Granados tenía poder para quitar y poner alcaldes que se presentaran a las elecciones y muchos le debían a él el que les pusiera en las listas", ha abundado el agente.
El guardia civil ha corroborado que una secretaria de Granados ordenó destruir documentación del Ayuntamiento de Valdemoro, pero ha destacado que en el domicilio y en la sede de las empresas de José Luis Huerta lograron incautar abundante documentación acreditativa de la trama corrupta.
En este sentido ha detallado las supuestas múltiples irregularidades de los contratos aprobados por los diferentes ayuntamientos investigados para adjudicar la organización de las fiestas locales durante los años referidos siempre a Waiter Music evitando la concurrencia de otras empresas. Y ha dicho que Huerta contrataba a cantantes y grupos musicales con anticipación al tener la seguridad de que le iban a adjudicar la organización de los festejos.
9.166 euros, el cumpleaños de Granados
Ha agregado que se falsificaban o se inflaban facturas para pagar con cargo a dinero público de los ayuntamientos eventos del PP, como mítines y fiestas del partido y otros privados de Granados y otros exalcaldes acusados. Como ejemplo ha puesto los 9.166 euros que costó una fiesta de cumpleaños de Granados que, según ha indicado, Huerta dejó pendiente de facturar de acorde al plan corrupto diseñado.
En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación. Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino.
15 acusados
Además de Granados, Moreno y Godino en el banquillo se sientan otros once acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y otros exalcaldes de municipios madrileños.
En concreto el sucesor de Moreno, José Carlos Boza, que fue alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014 (recientemente absuelto en otra pieza de Púnica) y los regidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso. La Fiscalía pide para ellos entre dos y cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien solicita inhabilitación de ocho años.