La planta de Tubos Reunidos en Amurrio recupera este lunes una actividad que ha permanecido congelada durante más de tres meses. A partir de las seis de la mañana, el primer turno de trabajadores ha vuelto a cruzar las puertas de la factoría alavesa, poniendo fin -al menos de forma temporal- a una huelga indefinida que comenzó el pasado 16 de marzo. Esta vuelta al trabajo se produce tras una semana de intensas tensiones internas y un escenario jurídico complejo marcado por la reciente entrada de la compañía en concurso voluntario de acreedores.
La decisión de suspender la protesta fue adoptada por el comité de huelga el pasado viernes. Aunque inicialmente sindicatos como ELA, LAB y ESK se mostraron reticentes, finalmente han aceptado la vuelta a la producción tras constatar que el conflicto entra en una nueva fase con al entrada en concurso de acreedores de la empresa. La decisión de los sindicatos que tienen mayoría en el comité de empresa llega después de que un tercio de la plantilla se posicionara a favor de poner fin a la huelga en una asamblea que no fue reconocida por el comité.
Un escenario judicial clave en Vitoria
El regreso a los talleres no supone, ni mucho menos, el fin del conflicto laboral. La tregua llega apenas unos días después de que el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria diera luz verde al concurso de acreedores solicitado por la empresa. Los representantes de los trabajadores consideran que, bajo este nuevo paraguas legal, las medidas de ajuste propuestas por la dirección -incluido el polémico Expediente de Regulación de Empleo (ERE)- quedan en suspenso, aunque temen que no hayan sido retiradas de forma definitiva.
Las movilizaciones de las plantillas continuarán durante los próximos días. Para mañana martes, está prevista la comparecencia de los comités de Amurrio y Trápaga ante el Parlamento Vasco para reclamar garantías sobre la continuidad industrial de la acería. Además, el próximo 26 de mayo se perfila como una fecha crítica: la jueza encargada del caso ha citado al administrador concursal, a la dirección y a los sindicatos para analizar las posibles medidas laborales. Ante esta cita, el comité ya ha anunciado dos jornadas de huelga y movilizaciones para los días 26 y 28 de mayo.
ELA denuncia una "gestión desastrosa"
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha sido especialmente contundente al analizar la situación. En declaraciones este fin de semana, Lakuntza ha denunciado la existencia de una "campaña orquestada" por la dirección de Tubos Reunidos, con el apoyo de la patronal vizcaína Cebek, para desviar la atención de lo que califica como una "gestión desastrosa". Según el líder sindical, la empresa ha generado de forma artificial una deuda millonaria mientras destinaba 170 millones de euros a repartir beneficios entre los accionistas en lugar de invertirlos en el futuro industrial de la planta.
Para ELA, la huelga ha sido la "última opción" frente a un plan estratégico que, a su juicio, busca cerrar la acería, externalizar la logística y despedir a más de 300 trabajadores. Lakuntza insiste en que la vuelta al trabajo hoy es solo "una manera de seguir en lucha de una forma diferente" y espera que el informe concursal arroje luz sobre la información financiera que, según denuncia, la empresa les ha ocultado sistemáticamente.
ESK: "Suspender la huelga no es rendirse"
En una línea similar se ha pronunciado el sindicato ESK, que ha querido dejar claro a la plantilla que este paréntesis no significa aceptar el ERE ni "rendirse". Desde la central subrayan que su postura original era mantener los paros hasta lograr la retirada total de los despidos, pero asumen la decisión de la mayoría sindical para mantener la unidad.
ESK ha puesto el foco en la responsabilidad de las instituciones públicas. El sindicato exige que el Gobierno de España y la SEPI (que concedió un préstamo de 150 millones tras la pandemia) "muevan ficha" para garantizar un plan industrial real. "La salida debe ser la reestructuración de la deuda y la defensa de la fábrica completa", sostienen, advirtiendo de que el concurso de acreedores no puede ser la "excusa perfecta" para imponer recortes que no pudieron justificar ante los trabajadores.
Una crisis profunda
La situación financiera de Tubos Reunidos es alarmante. El grupo cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 118 millones de euros y arrastra una deuda financiera total de 263 millones. La dirección ya ha lanzado un mensaje de socorro: sin nuevos inversores, el concurso de acreedores podría derivar en el cese total de la actividad y la extinción de los 1.300 contratos del grupo, de los cuales 870 corresponden a la planta de Amurrio.
Hoy, las máquinas vuelven a rugir en Amurrio, pero la incertidumbre sobre el futuro de la acería sigue siendo la principal preocupación de cientos de familias que dependen de que el proceso concursal no se convierta en el acta de defunción de uno de los motores industriales de Aiaraldea.