La Guardia Civil ha detenido a tres empresarios, dos de ellos en Bizkaia, acusados de liderar una red de explotación laboral que afectaba a un mínimo de 41 ciudadanos extranjeros en situación de especial vulnerabilidad. La organización operaba principalmente en el sector de la construcción en Euskadi, Cantabria y Asturias, utilizando una empresa que desarrollaba su actividad en Bizkaia pero mantenía su sede económica en Vitoria-Gasteiz.
Ocultaban accidentes laborales
La investigación, denominada 'Ambotan-Canapu', comenzó el verano pasado tras detectarse indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores, trata de seres humanos y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, se constató que el entramado ocultaba accidentes laborales, habiendo apartado de su actividad a dos empleados tras ser trasladados a centros sanitarios.
Las pesquisas desvelaron que las víctimas realizaban trayectos migratorios complejos con escalas en países como Grecia e Italia, llegando a contraer deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje y la estancia con la promesa de "trabajos dignos". Los implicados aprovechaban la dependencia económica y social de los afectados, quienes se concentraban a diario en Vitoria-Gasteiz para ser distribuidos en vehículos hacia distintas obras, recorriendo cientos de kilómetros diarios. En Cantabria y Asturias, debido a la distancia de la sede central, los operarios eran alojados en viviendas durante la semana laboral en condiciones que actualmente se investigan. Tras la incorporación de la Inspección de Trabajo al caso en febrero, un dispositivo simultáneo con más de 70 efectivos de la Guardia Civil inspeccionó diez obras el mes pasado, detectando irregularidades en siete de ellas.
40 trabajadores en situación irregular
El operativo concluyó con la identificación de 41 trabajadores extranjeros, de los que 40 se encontraban en situación administrativa irregular y utilizaban documentación de terceros para acreditar su identidad. Aunque inicialmente mostraron reticencias a colaborar por temor, varios reconocieron los pagos a la organización. Aparte de los tres detenidos, se investiga a una cuarta persona y se han efectuado tres registros en inmuebles de Bizkaia y Álava, donde se ha intervenido documentación y material electrónico. Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado competente de Santander, y la operación sigue abierta a la espera del análisis de los dispositivos incautados.