La Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi (Asviamie) denuncia que el fondo estatal aprobado para resarcir a los afectados no está llegando a sus destinatarios debido a un reglamento restrictivo que contradice y bloquea el espíritu protector de la ley original de 2022.
El portavoz de Asviamie, Jon García, ha señalado en los micrófonos de Onda Vasca que el Real Decreto que regula este fondo se redactó de forma excluyente. En concreto, el texto legal solo ampara a aquellas personas que padecen una enfermedad profesional reconocida y que, además, continúan con vida. De este modo, se deja completamente desamparadas a las víctimas ya fallecidas y a las medioambientales, que enfermaron por residir cerca de los focos de contaminación sin tener una vinculación laboral directa.
Solo 97 expedientes aprobados
Las cifras publicadas ponen de manifiesto la magnitud del fracaso de estas ayudas. Hasta el pasado 6 de julio, de las 387 solicitudes presentadas en el conjunto del Estado, únicamente se han aprobado 97 expedientes, lo que apenas representa un 25%. En términos económicos, esta situación se traduce en que, de la partida anual de 25 millones de euros destinada a indemnizaciones, solo se han ejecutado cerca de 5,7 millones. En este sentido, desde la asociación acusan directamente de "abandono" al Gobierno español por mantener paralizados más de 200 expedientes de víctimas que cumplen los requisitos pero que ya han fallecido.
Por ello, los afectados reclaman una modificación urgente del Real Decreto para recuperar el carácter universal de las ayudas. Exigen que la compensación ampare a todas las personas diagnosticadas con patologías derivadas del amianto -independientemente de si viven o no- y demandan que las cuantías se tripliquen para equipararse a las indemnizaciones que se consiguen a través de la vía judicial.
Euskadi lidera el reconocimiento
Cabe recordar que la creación de este fondo de compensación nació de una iniciativa del Parlamento Vasco. El objetivo primordial era evitar a las víctimas los largos y costosos procesos en los juzgados, buscando resarcir de forma ágil a un colectivo al que el Estado expuso de forma prolongada, permitiendo el uso de este material cuando ya se conocían sus letales consecuencias para la salud.
Junto a esto, las asociaciones advierten sobre el trato discriminatorio que sufren en materia fiscal, ya que a nivel estatal estas indemnizaciones no están exentas del IRPF, a diferencia de lo que ocurre con las víctimas del terrorismo o de otros accidentes graves. Sin embargo, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra marcan la excepción gracias a la sensibilidad de las haciendas forales, que han evitado el cobro de estos impuestos. De hecho, Euskadi lidera el reconocimiento de afectados en el Estado, concentrando 42 de las 97 indemnizaciones aprobadas, gracias a la rápida implantación de la comisión de evaluación y al conocimiento social del problema.
El tiempo juega en contra de los afectados, con más de un 60% de las víctimas ya fallecidas. "Este material cancerígeno lo tenemos instalado en todos nuestros barrios y ciudades. Si no se hacen los deberes, nuestros hijos y nuestros nietos se pueden encontrar con la desagradable sorpresa de enfermar por haber aspirado fibras en su casa habitual o en la calle", alerta el portavoz de Asviamie.