A contrarreloj. El Gobierno ha entregado al Tribunal Supremo el listado de los 163.355 nacionalizados españoles mediante la llamada ley de nietos que no podrían votar en las próximas elecciones generales si no acreditan que son descendientes de exiliados, tal y como solicitó el alto tribunal el pasado viernes. Y lo ha hecho dentro del plazo concedido por el Alto Tribunal al Ejecutivo para que informase sobre la identidad de los nietos, el cual expiraba a las 15.00 horas de este miércoles.
Tan solo 901 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos, de un total de 163.355 expedientes revisados en cumplimiento con la instrucción del Tribunal Supremo, han acreditado su condición de descendientes de exiliados “certificada por los cónsules”, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Presunción de exiliado
En total, el Ejecutivo ha facilitado al TS la identidad de los nietos y han reseñado que las personas incluidas en los listados enviados por los consulados vieron reconocida la nacionalidad española acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 y a la ley de nietos, la “instrucción que clarificaba ese procedimiento y reconocía la presunción de exiliado”. Ahora deberá pronunciarse el Supremo con los datos de que dispone para establecer si las personas que se nacionalizaron con arreglo a la instrucción adquirieron la nacionalidad española conforme o no a derecho.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha coordinado la labor que realizaban los consulados para el trabajo de revisión de los procesos de nacionalización en las distintas oficinas consulares y ha autorizado la contratación de todas las asistencias técnicas solicitadas para culminar este trabajo en el plazo señalado.
No obstante, desde el Ejecutivo han estimado que “buena parte” de estas personas previsiblemente verán suspendido su derecho al voto tal y como han solicitado el partido político Vox y otras asociaciones “de extrema derecha”.
14.000 votos
El Gobierno español calcula que, aplicando los niveles habituales de participación exterior, si las más de 160.000 personas se encontrasen en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior (CER), el impacto potencial sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones, lo cual supone menos del 0,06% de los votos en las pasadas elecciones generales de 2023. La incidencia real sería aún menor, ya que el listado incluye personas que no están en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), tales como menores o personas que han fallecido.
El Supremo investiga dos denuncias de Vox e Iustitia Europa contra la inscripción en el censo CERA de las personas nacionalizadas por la ley de nietos. La denuncia va dirigida contra el voto de quienes se nacionalizaron según la instrucción del Gobierno posterior a la ley y que presumía “la condición de exiliado” a todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditar un exilio por razones políticas o ideológicas.