Sánchez defiende la constitucionalidad del impuesto a la banca y energéticas

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la plena constitucionalidad del impuesto a la banca y a las energéticas ya que afirma no tener duda alguna de que se ajusta al texto de la máxima norma legal.

Sánchez ha ratificado su apuesta por esos impuestos en una conversación informal con los periodistas que cubren su gira por los países balcánicos que ha comenzado este viernes en Belgrado.

Después de que en la rueda de prensa de balance del curso político que ha protagonizado en el Palacio de la Moncloa justificase esos impuestos, en su charla con los informadores y ante los anuncios de alguna de las empresas y entidades afectadas de que acudirán a los tribunales, se ha mostrado seguro de que esa vía judicial no tiene futuro.

"Nosotros no dudamos de su constitucionalidad", ha recalcado antes de invitar a leer el artículo 31 de la Constitución ya que cree que es el que avala los nuevos impuestos.

Ese artículo detalla que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

"El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía", añade ese artículo, que en su tercer apartado precisa: "Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley".

Sánchez se ha referido también a la Constitución para insistir en sus críticas al PP por no cumplirla al mantener el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A su juicio, el partido de Alberto Núñez Feijóo no sólo no cumple el texto constitucional, sino que ya presume incluso de no hacerlo.

Sí se ha mostrado convencido de que el CGPJ cumplirá la ley y nombrará antes del 13 de septiembre a los dos magistrados que le corresponde designar para el Tribunal Constitucional.