La derogación por parte de la mayoría del Congreso de los dos decretos sobre vivienda puede tener unas consecuencias imprevisibles en el revuelto panorama político español. Hasta el punto de que hay quien ve en la indignación generada por el decaimiento de estas normas, consideradas de mínimos por sus impulsores, un resquicio para un hipotético revolcón en los pronósticos electorales que, hasta la fecha, daban por segura una victoria en las próximas generales del PP. A la formación popular, apoyada en su socio habitual a nivel autonómico, Vox, le corresponde la responsabilidad, con la inestimable colaboración del Junts, de haber tumbado una iniciativa que, entre otras medidas, reforzaba la protección ante los desahucios hasta final de 2030. Para muchos, esto le puede pasar factura en un contexto de alta sensibilidad en torno a esta cuestión. Así lo cree también Pedro Sánchez, que ayer vaticinaba que la historia juzgaría a los tres partidos que rechazaron los dos decretos y que lo haría pronto. Habrá que ver si es así. Pero, de momento, lo que sí ha logrado este frenazo legislativo es algo que parecía ya imposible: que Sánchez se plantee un posible adelanto de elecciones. Es lo que adelantaban este mismo viernes fuentes de la Moncloa nada más concluir la sesión plenaria del Congreso. Según esta información, el presidente del Gobierno dedicará este fin de semana para deshojar la margarita en torno a la llamada a las urnas.
En una situación que recuerda a aquel periodo de cinco días que Sánchez se tomó en abril de 2024 para reflexionar sobre si seguiría al frente del Ejecutivo tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez, y tras el cual optó por continuar “con más fuerza si cabe”, el líder socialista vuelve a recurrir a un impasse para madurar una decisión trascendental. En este caso, estará muy atento durante estos dos próximos días a la reacción ciudadana en las calles a lo ocurrido este viernes en el Congreso para decantarse por lanzarse ya al ruedo electoral o, como defendía como vehemencia hasta ahora, agotar una legislatura que expira en el verano del año que viene.
Y es que la efervescencia del cabreo ciudadano, que pone el foco en las fuerzas de derecha que han impedido que estos decretos de vivienda salgan adelante, puede contribuir a que se materialice ese adelanto de elecciones que no ha logrado provocar la interminable secuencia de escándalos relacionados con la corrupción que han asediado al PSOE y al propio entorno familiar de Sánchez. Esta repentina explosión de indignación, al estilo de la vivida hace 15 años en el 15-M, puede ser vista por el jefe del Ejecutivo como la oportunidad perfecta para poder modificar una hoja de ruta que, de modo indefectible, parecía conducir hacia un gobierno estatal de coalición de PP y Vox, a imagen y semejanza de los constituidos este año a escala autonómica en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Alargar una legislatura que, por otro lado, lleva agonizando desde hace tiempo por la falta de respaldo parlamentario y posponer el examen de las urnas podría hacer que bajara el suflé del enfado contra la derecha por su portazo a medidas como la limitación, aunque sea de forma tibia, a la compra de vivienda por parte de los llamados fondos buitre hasta final de 2028.
La opción del adelanto electoral es defendida por diferentes voces dentro del propio PSOE e, incluso, entre algunos ministros del Gabinete de Sánchez, lo que puede allanar ese camino. Desde Ferraz entienden que puede ser un buen momento para que las derechas se expongan al escrutinio de la ciudadanía ya que "ahora los desahucios llevarán su nombre". "Cada familia que se quede en la calle escuchará el eco de los noes del PP, Vox, Junts y UPN. Porque los votos tienen consecuencias", añadían los socialistas en un comunicado.
Del mismo modo, en las filas socialistas tienen el convencimiento de que la vivienda es un problema trasversal, que afecta también a muchos votantes del PP que no pueden comprarse una vivienda o temen que sus caseros les aumenten la renta y que podrían replantearse su opción.
A ese adelanto también se apuntan con efusividad, como lo vienen haciendo desde tiempo, los más críticos con la línea de Ferraz. Así, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideraba que, en caso de no convocar elecciones tras la caída de los decretos, "es un altísimo riesgo el que se corre desde el punto de vista de la credibilidad ante los destinatarios de los dos decretos”. Y no perdía la ocasión para, ante la postura adoptada este viernes en el Congreso por Junts, reprochar a su propio partido que “con tal de conseguir La Moncloa, llegó a pactar con la derecha, con la extrema derecha independentista y punto”. Más crítico y alejado de la doctrina actual del PSOE está una de sus figuras históricas como Felipe González, quien, con ironía, también se apuntaba al adelanto de los comicios al declarar: "Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan".
Si, finalmente, Sánchez se decanta por disolver las Cortes en los próximos días, la cita con las urnas sería el domingo 29 de noviembre, dado que la Ley de Régimen Electoral establece para su celebración un plazo de 54 días desde su convocatoria. Antes de anunciarlo debe acudir al Palacio de la Zarzuela a comunicárselo al Rey Felipe VI, aunque tiene un margen escaso si quiere hacerlo de inmediato, porque este lunes 5 de octubre el monarca se va junto a la Reina Letizia a Finlandia, de viaje de Estado que se prolongará hasta el miércoles. Otra opción, con una fuerte carga simbólica, podría ser la de retrasar las elecciones una semana más y hacerlas coincidir con el 6 de diciembre, el día de la Constitución, que este año cae en domingo.