El curso político en el Estado español se aproxima a su final y apura sus últimas horas antes del parón de las vacaciones. Y el Gobierno español vuelve a dejar como asignatura pendiente para septiembre el cumplimiento del Estatuto de Gernika, que tendría que haberse resuelto el 31 de diciembre de 2025 con la transferencia improrrogable de todas sus competencias en virtud del acuerdo que firmó Pedro Sánchez con el PNV a cambio de su investidura como presidente. En las últimas semanas y tras más de un mes sin respuestas por escrito desde Madrid, se han abierto unos contactos poco esperanzadores sobre los traspasos de los puertos de Bilbao y Pasaia y varias materias de la Seguridad Social relacionadas con las bajas laborales y las prestaciones familiares, y el Gobierno Vasco parece que está preparando el terreno para anunciar que no será posible alcanzar un acuerdo este mes ni convocar la comisión bilateral presidida por Sánchez y el lehendakari Pradales. Pero, aun en el caso de que se produjera un cambio de última hora en la posición del Estado que hiciera posible un entendimiento, todavía quedarían pendientes otras materias como la gestión de las pensiones o los paradores de turismo. El retraso se acumula desde finales del año pasado.
El Gobierno de Sánchez ha vuelto a ser selectivo con sus guiños hacia el PNV y ha dejado para el final las cuestiones más arriesgadas, si es que se puede considerar arriesgado el cumplimiento de un Estatuto de 1979 que tiene ya 47 años (el martes se cumplió el aniversario de su aprobación en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados). En esta fase tampoco se está hablando de la gestión de las pensiones y, cuando se abra ese melón, la consejera Ubarretxena se ceñirá al cumplimiento del Estatuto vigente y a la gestión de las prestaciones desde una ventanilla vasca, sin alcanzar por tanto la aspiración política que mantiene el PNV a nivel de partido para crear un sistema propio vasco. Voces del PNV reconocían estos días en privado que el asunto de la bilateral iba "mal", sin paños calientes, aunque reconocían el intento de Sánchez de lanzar algunos guiños a su grupo.
Las conversaciones sobre el 'superdomingo'
Por un lado, está la cuestión del final ordenado de la legislatura, los pasos que debería dar Sánchez para evitar que su mandato se descomponga y llegue hasta sus últimos días a la deriva sin iniciativa ni razón de ser, o que salpique también a otras instituciones con una convocatoria conjunta de las elecciones. El PNV reconoce que "ha estado sobre la mesa de las conversaciones con Sánchez" que no se produzca un superdomingo electoral, es decir, que no haga coincidir las generales con las municipales y forales de mayo de 2027. Si ambos comicios coincidieran, las elecciones generales serían un agujero negro que se tragaría todo lo demás: los medios de comunicación se centrarían en la polarización entre Sánchez y la derecha, mientras que la agenda vasca y la situación concreta de cada municipio quedarían fuera de foco. En mayo, además de las elecciones municipales, habrá elecciones forales en las tres Juntas Generales de la CAV y en el Parlamento de Nafarroa, y los jeltzales quieren que se respete el ámbito de decisión local. El PNV también le pidió en esas conversaciones que dotara de contenido a su legislatura para que tuviera un propósito más allá de la propia resistencia, y para que recuperase la iniciativa más allá del argumentario habitual contra las decisiones judiciales desfavorables para el PSOE y el entorno del presidente español. Ese contenido podría venir de la mano de la presentación de unos Presupuestos, el cumplimiento de los compromisos de investidura con otros grupos, una agenda de mínimos... Estas dos exigencias no se han negociado en sentido estricto, pero el PNV constata que Sánchez "ha ido dando pasos hacia ese escenario".
El pasado mes de junio, Sánchez descartaba de manera categórica en público que tuviera en mente un superdomingo, y confirmaba de paso que intentará sacar adelante las primeras y únicas Cuentas de esta legislatura. "Se lo voy a decir muy claramente. Presentaremos los Presupuestos en 2026, y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y autonómicas", zanjó, en unas declaraciones que se interpretaron en la prensa madrileña como un guiño claro hacia el PNV. A partir de ahí, Sánchez podría convocar las elecciones a principios de 2027 si llegara a la conclusión de que es imposible aprobar las Cuentas, o celebrarlas en julio, que es lo máximo que puede durar la legislatura.
La cuestión es que, en algunos ámbitos próximos al PP, se ha deslizado que esta hoja de ruta tiene un precio y que es la razón por la cual el PNV no se aviene a una moción de censura contra el Gobierno español. Desde el PNV lo niegan, recuerdan que ya descartaron participar en cualquier operación que incluyera a Vox, y deslizan que existen otras herramientas parlamentarias e institucionales para presionar a Sánchez aunque no las han desvelado por no reventar su propia estrategia. Hasta ahí pueden leer pero, si se trata de usar el reglamento del Congreso y el Senado, el PNV ya le jugó malas pasadas al Gobierno español en la legislatura pasada desde la Mesa del Senado forzando el debate del IVA de las peluquerías contra su criterio, y realizando otras maniobras en la Junta de Portavoces. En los últimos días, su voto en el Congreso en materia de dependencia estuvo condicionado a la reunión de la Comisión del Concierto, que finalmente se produjo.
Tres compromisos pendientes
Por otro lado, el Gobierno español sí ha cumplido estos días tres compromisos pendientes con el lehendakari Pradales o con el propio PNV. La Junta de Seguridad cuya convocatoria habían pactado ambos mandatarios se ha producido ya y ha ratificado los acuerdos para que los informes de la Ertzaintza cuenten en las expulsiones de los delincuentes extranjeros, la Comisión Mixta del Concierto Económico ha refrendado los procedimientos para garantizar que el Estado sufrague la mitad del gasto en materia de dependencia (un punto que era al mismo tiempo un compromiso con Pradales y un apartado del pacto de investidura con el PNV), y el Estado va a ceder al Ayuntamiento de Hondarribia unos terrenos que ahora mismo están ocupados por unas instalaciones deportivas, otro aspecto recogido en el acuerdo de investidura con Sánchez.
El choque se ha centrado en las últimas semanas en la negociación de tres materias de la Seguridad Social (mutuas colaboradoras, incapacidad temporal y prestaciones contributivas familiares por nacimiento, riesgos y cuidados), y los puertos de Bilbao y Pasaia. El bloque de la Seguridad Social que se encuentra ahora mismo en la mesa de negociación no incluye las pensiones, pero sí recoge asuntos relacionados con las bajas laborales, que han estado en el disparadero del debate público y donde, incluso, los ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social de Sumar y el PSOE han mantenido posiciones no del todo coincidentes sobre el papel de las mutuas o la nacionalización que defienden los sindicatos. En principio, este debate no concierne a la transferencia vasca y nadie ha mencionado en público que sea un escollo en la negociación.