PNV y PSE acuerdan un marco común de medidas fiscales para los tres territorios históricos

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El PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en las tres diputaciones forales, han llegado a un acuerdo sobre las medidas tributarias que se aplicarán en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en 2027 y que buscarán impulsar el arraigo empresarial, atraer talento y fomentar el empleo juvenil, además de mejorar el acceso a la vivienda y facilitar la transición hacia la movilidad sostenible.

Este "marco común" llega después de que ambas formaciones hayan mantenido desavenencias, sobre todo en Bizkaia, sobre las medidas fiscales a aplicar el año que viene.

PNV y PSE -que en Álava y Gipuzkoa están en minoría y necesitan el apoyo de algún grupo de la oposición para sacar adelante estos cambios- han anunciado en un comunicado conjunto que las medidas suponen un "marco común", pero "sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar" el texto acordado.

Norma Foral

El acuerdo contempla la incorporación de una Norma Foral para evaluar el impacto de las medidas impuestas entre 2026 y 2029, y tendrán en cuenta, cuando proceda, variables desagregadas por sexos. Cada territorio dará cuenta de las medidas impuestas en materia de continuidad empresarial, arraigo, fidelización y atracción de personas y empresas ante las Juntas Generales, que podrán valorar la necesidad de introducir modificaciones normativas.

Se ha acordado la reducción del 30% en plusvalías en determinadas transmisiones de empresas y negocios autónomos con el objetivo de dar continuidad a las empresas y asegurar el relevo generacional. Esta reducción se amplía al 35% si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40% si es a una mujer menor de 36 años. La medida se aplicará sobre una base máxima de plusvalía de 3 millones de euros. Se reforzarán las cautelas para garantizar el mantenimiento de la empresa y evitar operaciones que reduzcan sustancialmente el valor de la adquisición o permitan eludir los requisitos establecidos.

Por otra parte, se plantea ampliar la reserva prevista en el artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para proyectos estratégicos de país o de territorio. La definición y los requisitos de estos proyectos se concretarán reglamentariamente, atendiendo a factores como la creación de empleo estable y de calidad, el volumen de inversión y su alineación con las estrategias territoriales y de país.

Beneficios

Las personas trabajadoras que participen en el capital de las empresas mediante la adquisición de acciones o participaciones, podrán beneficiarse de ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales. También se prevé facilitar préstamos para la incorporación de las personas trabajadoras a cooperativas o al capital de sus empresas. Estos beneficios quedarán condicionados al mantenimiento de las acciones o participaciones durante tres años. En las grandes empresas, el incentivo se orientará a los casos en los que la participación de las personas trabajadoras permita alcanzar el control de la sociedad o del grupo.

Para la atracción de profesionales que hayan vivido en el extranjero, se ha acordado la exención del 42% en rendimientos del trabajo para el talento profesional y del 30% en rendimientos del trabajo para profesionales cualificados (con, al menos, FP de grado superior) en sectores como investigación, desarrollo e innovación, científico, técnico o financiero, medioambiental y de transición energética, tecnológico o de carácter biosanitario. Estas exenciones aumentan un 10% para menores de 36 años y tendrán una duración de 1+7 años. Asimismo, se incorpora una variable deducible de 2.000 euros (3.000 para menores de 36 años) por movilidad geográfica a las personas que se trasladen a territorio vasco que no cumplan criterio de impatriados.

Ante las dificultades del mercado de la vivienda, se ha acordado la no tributación del abono de la empresa del alquiler de sus trabajadores en especie hasta 700 euros por mes con un máximo de hasta 24 meses por persona trabajadora, siempre que el alquiler no supere el índice de referencia, y hasta 300 euros en el resto de casos. También se estudiará la introducción de una deducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF para favorecer la cesión de viviendas o suelo finalista al parque público de alquiler o a proyectos de colaboración público-privada.

Se reforzarán los incentivos a la formación continua y dual y se incrementarán las deducciones de creación de empleo si procede de esa formación con el objetivo de impulsar la formación y el empleo juvenil.

En el terreno de los cuidados, se ha acordado elevar el umbral de la deducción por cuidado a 500 euros, 750 euros si es por cuidado profesional, y a 1.000 euros en el caso de familias monoparentales. El acuerdo alcanza también la reparación social al incorporar medidas para facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas víctimas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia en el ámbito institucional.

Existen también deducciones para el ámbito de la movilidad sostenible: se ha acordado una deducción del 5% por compra de vehículo nuevo si se achatarra otro de más de 20 años de antigüedad o si el vehículo antiguo supera un número de emisiones que se establecerá en el Reglamento. La medida tendrá una vigencia de 2 años y se aplicará con límites de precio de 30.000 euros para los vehículos convencionales y de 40.000 euros para cero emisiones.

Fiscalidad de la empresa familiar

El acuerdo refuerza las reglas destinadas a evitar la elusión en la valoración de las transmisiones onerosas de empresas familiares. Como regla general, la persona adquirente tributará en una futura transmisión por el importe efectivamente satisfecho. Si la Administración comprueba que dicho importe es distinto del declarado, se perderá el derecho a la exención, con la correspondiente regularización e intereses de demora.

También se analizará la necesidad de introducir una regla específica para las transmisiones lucrativas —donaciones y sucesiones de empresa familiar—, con remisión a la valoración prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y exigencia de tasación pericial cuando proceda.

En relación con la obligación de declarar en el IRPF, actualmente fijada en 20.000 euros, ambas formaciones acuerdan abordar su actualización en el marco de los escenarios presupuestarios y de recaudación correspondientes al ejercicio 2027.