Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y al director general de Tubos Reunidos en el 'caso Leire'

El horizonte empresarial de Tubos Reunidos se complicó hoy un poco más después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comunicase la imputación de 25 personas dentro de la causa del llamado caso Leire Díez, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y fondos públicos a cambio de comisiones destinada a una trama liderada por la exmilitante del PSOE.

De esta forma, Pedraz imputa a Carlos López de las Heras, CEO del grupo Tubos Reunidos y el exconsejero Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, que son los dos ejecutivos de la compañía tubera que la UCO sostiene que se reunieron en noviembre de 2024 con Díez y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la sede socialista de Ferraz. En un primer informe incorporado al sumario del caso, la UCO de la Guardia Civil plasmó indicios de que el grupo Hirurok, formado supuestamente por Díez, Cerdán, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, llevó a cabo “acciones tendentes” al otorgamiento del rescate de 112 millones de euros de la SEPI a Tubos Reunidos en el año 2021, “percibiendo por ello un total de 114.950 euros” a través de la mercantil Mediaciones Martínez. Posteriormente, en un auto judicial emitido la semana pasada e incorporado también al sumario, Pedraz indica que un registro de la UCO a la sede de Ferraz los agentes encontraron una agenda, supuestamente de Cerdán, que contenía anotaciones “especialmente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada” de la deuda de Tubos Reunidos con la SEPI.

Pedraz infiere que dichas anotaciones, junto a los indicios en uno de los informes de la UCO, “pondrían de manifiesto que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por distintas personas en relación con la obtención de la autorización correspondiente”. En la agenda pueden observarse anotaciones como “Carlos, CEO”, que apuntaría, según el juez, a “Carlos López de las Heras”, CEO de Tubos Reunidos. “Tras una serie de referencias a los aranceles estadounidenses y al principal de la deuda (90 millones de euros), la anotación recoge la venta por valor de 15 millones y que 10 de ellos correspondían a la SEPI”, señala el juez.

Los investigadores creen que, después de esa reunión de 2024, se produjeron los hechos vinculados a esas anotaciones. En concreto, Tubos Reunidos pidió a la SEPI permiso para vender un inmueble y terrenos por cerca de 15 millones de euros en Trapagaran. Los agentes de la Guardia Civil tratan de confirmar si alrededor de 10 millones de esa operación pudieron acabar, directa o indirectamente, en el circuito económico de la trama. Además, en su auto judicial de hoy, Santiago Pedraz también imputa al expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Rodríguez Irazusta, que presentó su dimisión en julio del año, una renuncia que entonces causó sorpresa. Desde octubre de ese mismo año, Irazusta es el CEO de la multinacional australiana InfraBuild, una de las grandes firmas de fabricación, distribución y reciclaje de acero en el país oceánico.

Asimismo, en el auto judicial de hoy, el magistrado Santiago Pedraz, cita como investigada a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Pedraz accede de esta manera a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso la agencia Efe. En dicho documento, las fiscales apuntan a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández compartió en el grupo Hirurok de WhatsApp un archivo en el que “consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos” sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, “haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria”. Además, señala que también constaba “el compromiso” de Gualda con Irazusta. Según el relato del Ministerio Público, el directivo de la SEPI Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que “BG -siglas utilizadas para referirse a la presidenta Belén Gualda- tenía la intención de ‘sacar’ operaciones”, como la “correspondiente a Tubos Reunidos“. Asimismo, añaden que Figueroa, que también ha sido citado como investigado, mandó un documento que “contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal presentada por Tubos Reunidos“ y que contaba con “la aprobación” de Gualda.

La investigación judicial enturbia de nuevo el futuro de Tubos Reunidos, que se encuentra en concurso voluntario de acreedores y con una deuda acumulada que ronda los 265 millones de euros, incluyendo en ese volumen total el préstamo de la SEPI y los intereses devengados desde 2021 por esa ayuda, que han hecho que de los 112, 8 millones iniciales se haya pasado a alrededor de 150. El pasado 18 de junio, un tribunal de Gasteiz dictó un auto en el que declaraba en concurso voluntario a la empresa y nombraba administrador concursal a PKF-Attest. Dos semanas antes, el 4 de junio, agentes de la UCO registraron las oficinas de la compañía en Bilbao.