Hace tiempo que dejó de sorprender. Cada vez que la justicia tiene que pronunciarse sobre el euskera en la administración pública lo hace en contra. La última ha sido anteayer, cuando supimos que un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha obligado a la Academia Vasca de Policía a readmitir a un centenar de aspirantes que no habían acreditado el perfil B2.

La decisión llega, y esto tampoco es nuevo, como respuesta a un recurso presentado por uno de los dos grandes sindicatos españoles, esta vez UGT.

Provocaba una mezcla de estupor, tristeza y bochorno asistir a la celebración de la central de lo que, según piaba un exaltado portavoz en redes sociales, constituía una victoria sobre el apartheid lingüístico.

Miren que no me gustan las palabras sobradas de vitriolo como euskarafobia, pero hay que hacer esfuerzos para no atribuírsela a aquellos que siguen sistemáticamente embarrando el patio con la excusa de la lengua.

Hablo de políticos, sindicatos, y señorías togadas que no han terminado de comprender que han pasado cuarenta años desde que se formuló el propósito de alcanzar la normalización del empleo del idioma minorizado. Pudo hacerse, como en otros lares, sin contemplaciones, a través de la imposición o de algunos de sus sucedáneos.

Se optó, sin embargo, por una flexibilidad que a la larga no ha sido correspondida por buena parte de quienes se beneficiaron de ella. Y no digo que no fuera lo correcto, pero clama al cielo que cuatro decenios después haya quien niegue el derecho a las y los euskaldunes a comunicarse en su lengua con los trabajadores públicos.