La tentación es caer en el desánimo. ¿Qué decir ante la enésima sentencia judicial que anula el euskera como requisito para una convocatoria pública de empleo en un lugar en que la lengua vasca es tan oficial como la española? Al final, es imposible no repetir los mismos argumentos impregnados de desazón, impotencia y cada vez más cabreo. Supongo que esa es la idea: que a fuerza de la reproducción en bucle de la misma noticia con sus respectivas variantes de lugar, tribunal o tipo de plazas nos entre en la cabeza que es inútil dejarse la garganta o los dedos manifestando el desacuerdo y tratando de razonar por qué estos fallos nos parecen una arbitrariedad. Desde estas líneas proclamo que, por mi parte, estoy muy lejos de arrojar la toalla. Seguiré levantando la voz contra unas actuaciones que, además de parecerme impropias en un país que lleva 45 años de normalización lingüística, me resultan fruto de la ideología antes que de las leyes.

Vuelvo a insistir en que me cuesta hablar de euskarafobia ni de ofensiva judicial contra el euskera. Sin embargo, esta última sentencia, la que anula la convocatoria de dos plazas de la Guardia Municipal de Donostia, está trufada de razonamientos que rozan lo estrafalario y hacen pensar lo peor. Así, por ejemplo, el juez sostiene que "no cabe que se exija el conocimiento del euskera para acceder a todos los cargos públicos cuando existe una masa de ciudadanos que no conocen (ni tienen la obligación de hacerlo) la lengua cooficial". Piensen las vueltas perversas que se le pueden dar a esa tesis: quizá sea también discriminatorio que para esas mismas plazas de policías locales se exijan unas cualidades físicas que no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Claro que el remate es cuando el togado afirma que sería suficiente con que "uno de los integrantes de la pareja de guardias conozca el euskera". Tremendo.