Mientras la pasada semana mirábamos la función inenarrable de la moción de censura fachirula en el Congreso de los Diputados, dejamos pasar de puntillas una noticia de auténtico calado. El Tribunal Constitucional español, que parece haber cogido carrerilla, tumbó por una contundente mayoría, nueve a dos, el recurso de Vox, sí, otra vez ellos. contra la Ley de Eutanasia.

Más allá del sentido de la sentencia, que cae por su propio peso, me quedo con la argumentación. Lo que viene a decir el llamado el Tribunal de Garantías, es de una obviedad irrefutable. En la Constitución española se consagra, claro, el derecho a la vida, pero nada en su articulado permite entender que se pueda obligar a vivir a quien ha decidido que no quiere hacerlo y ha expresado libremente su voluntad de manera inequívoca. Puede resultar duro el enunciado, puede chocar con legítimas creencias religiosas o morales, pero la opción por una muerte digna es una potestad individual inalienable. Y que nadie se confunda, no se trata de barra libre para dar matarile a los mayores que nos sobran, ni tampoco una espita abierta para que quienes pasen por un mal momento encuentren facilidades para quitarse de en medio.

Como también aclara el auto ejemplar, la ley es exquisitamente garantista, y determina al milímetro los muchísimos requisitos por los que alguien puede invocar y ver satisfecho su derecho a terminar con un sufrimiento insoportable de una manera segura e indolora. Defender que se imponga la prolongación de la vida a quien padece un dolor extremo o ha dejado de ser dueño de sí mismo, es signo de una crueldad indecible.