Las recientes movilizaciones convocadas por la plataforma ciudadana No a la Caza (NAC) han vuelto a situar en el centro del debate público una de las cuestiones más controvertidas del bienestar animal en España: la situación de los perros utilizados en la actividad cinegética. Tras su exclusión de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, miles de galgos, podencos y otros perros de rastro han quedado, según denuncian las organizaciones animalistas, en un vacío jurídico que dificulta su protección efectiva.

Para profundizar en esta realidad, en Café con Patas, charlamos con Pepe Moya, portavoz de NAC, quien sostiene que el actual marco normativo trata a estos animales como meras herramientas prescindibles.

Un golpe a la protección jurídica

La diferencia de trato entre un perro considerado "de compañía" y uno destinado a la caza es, según NAC, profunda. Mientras los primeros están plenamente amparados por la legislación estatal de bienestar animal, los segundos quedaron fuera de su ámbito de aplicación.

En palabras de Moya, "la exclusión de los perros de caza de la ley de bienestar animal ha supuesto un golpe devastador para la protección jurídica de estos animales". A su juicio, esta decisión genera una desprotección que se traduce en menor control administrativo y sanitario.

El portavoz denuncia que muchos de estos animales carecen de identificación adecuada, no reciben las vacunas correspondientes y viven en condiciones precarias, hacinados en realas o instalaciones inadecuadas. La ausencia de datos oficiales específicos, añade, impide conocer la dimensión real del abandono o sacrificio tras cada temporada de caza.

El relato enfrentado: cuidados frente a descarte

Desde el sector cinegético, en cambio, se sostiene que los perros de caza reciben cuidados adecuados y que su bienestar es esencial para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, NAC considera que esta imagen no refleja la realidad general.

"Es el típico bulo de que sus perros están mejor que nadie, y eso es completamente falso", afirma Moya. La plataforma denuncia que la vida útil del animal está supeditada a su rendimiento. En el caso de los galgos, asegura, muchos son descartados cuando dejan de cumplir expectativas deportivas, pese a que su esperanza de vida podría alcanzar los 14 o 15 años.

La crítica no se limita al plano físico. Según NAC, el estrés al que se ven sometidos estos perros es tanto corporal como psicológico, y las secuelas emocionales -miedo, inseguridad, ansiedad- pueden resultar más complejas de revertir que las lesiones visibles.

Presión política y poder económico

Para la plataforma, la exclusión legal no responde a criterios técnicos, sino a intereses económicos y políticos. Moya sostiene que detrás de la decisión se encuentra la influencia del denominado "lobby de la caza", un sector que, pese a representar un porcentaje reducido de la población con licencia, controla una parte significativa del territorio nacional destinado a cotos.

Según esta visión crítica, el peso económico de la actividad cinegética y su capacidad de presión habrían condicionado el alcance final de la ley estatal, dejando fuera precisamente a los animales que, a juicio de NAC, más necesitan una protección clara y homogénea.

Una llamada a reformar la ley

La plataforma concluye que España mantiene una situación anómala en el contexto europeo y reclama una normativa sin excepciones. "Necesitamos una ley que no excluya a ningún perro por el uso que se le dé", sostiene Moya, quien también subraya la importancia de la educación y la sensibilización ciudadana.

Mientras el debate continúa abierto, las movilizaciones de NAC buscan mantener la presión pública y política sobre una cuestión que enfrenta visiones culturales, económicas y éticas profundamente distintas sobre el lugar que ocupan los animales en la sociedad.